- Política
- Armin Copa
La movilización campesina e indígena procedente del norte del país oficializó este lunes la entrega de un documento con 12 peticiones específicas ante la Casa Grande del Pueblo. Los representantes del sector establecieron un margen de un día para recibir una contestación formal por parte del Ejecutivo. En este acercamiento, los movilizados descartaron cualquier posibilidad de instalar mesas de trabajo con ministros o viceministros, pues condicionan el inicio de las conversaciones a la presencia exclusiva del mandatario Rodrigo Paz.
El pliego de reclamos contempla la anulación de la Ley 1720 y la paralización de proyectos normativos relacionados con el mercado de carbono. Asimismo, el sector demanda soluciones estructurales para la titulación de territorios en Beni, el cese del tratamiento de la ley antibloqueo y la aprobación de un nuevo marco legal para bosques. Las exigencias también abarcan la provisión regular de carburantes en todo el territorio nacional, la asignación de personal para centros de salud y escuelas rurales, además de la supresión de las pensiones vitalicias destinadas a antiguos mandatarios.
Los manifestantes ratificaron su permanencia en la sede de gobierno hasta obtener un compromiso directo de la máxima autoridad del Estado. Pese a la invitación oficial para un encuentro con el gabinete ministerial durante esta tarde, la dirigencia mantuvo su postura de rechazo al diálogo con intermediarios. El grupo de marchistas advirtió que la resolución de los conflictos sociales y la erradicación de cultivos de coca en áreas no permitidas forman parte de las prioridades que el presidente debe atender de forma personal.