- Economía
- Armin Copa
La Asociación de Surtidores (Asosur) solicitó la entrega formal de pruebas testigo del carburante que llega a sus instalaciones para contar con un respaldo técnico ante posibles fiscalizaciones. Esta demanda surge tras el anuncio de operativos conjuntos entre el Gobierno y el sector del transporte, los cuales contemplan el precinto de estaciones de servicio si detectan gasolina fuera de los parámetros establecidos. La gerente de la entidad, Carla Zuleta, planteó además la designación de personal veedor en las plantas de almacenaje de YPFB para supervisar los procedimientos de custodia.
El sector privado manifestó un estado de indefensión debido a que la verificación de estándares solo es posible en los laboratorios de YPFB Refinación en Santa Cruz. Los representantes de las estaciones de servicio aclararon que su función es exclusivamente de distribución del producto que les suministra la estatal petrolera. En este sentido, advirtieron que cualquier medida de clausura resultaría arbitraria al afectar la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada sin una metodología de contraste adecuada.
La implementación de una trazabilidad clara permitiría a los surtidores deslindar responsabilidades mediante estudios de laboratorio independientes en caso de denuncias por parte de los usuarios. Según la organización, la falta de garantías sobre la composición de los hidrocarburos podría obstaculizar el suministro regular a la población. De esta forma, el gremio busca asegurar que los estándares internacionales se cumplan desde el origen de la cadena logística antes de que el recurso llegue a los tanques de venta final.