¿Han resuelto los problemas estructurales de la justicia las elecciones de autoridades del tercer Órgano del Estado?
La respuesta es no, aunque hay que reconocer que tampoco los han profundizado. En suma, es posible afirmar que con autoridades electas bajo criterios meritocráticos, como ostentosamente solía llamarse al antiguo proceso de designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Constitucional, consejeros de la Judicatura o vocales del Tribunal Agroambiental Nacional, los problemas eran similares.
La idea de que el pueblo elija a sus jueces no es mala en sí, el problema radica en el filtro que se impone a los aspirantes que está ubicado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hasta la promulgación de la Carta Magna de 2009, los partidos políticos con representación parlamentaria se dividían las cuotas de poder en cuanto espacio había en el Estado, el Poder Judicial no era una excepción.
Sus principales responsables eran designados después de negociaciones políticas. La población quedaba al margen. Con la introducción de las elecciones judiciales, aunque participa la ciudadanía, sucede algo parecido.
Los candidatos son designados por una comisión legislativa que está integrada por las fuerzas con representación legislativa y responden a intereses políticos determinados. Los sistemas de evaluación de méritos de los aspirantes a candidatos —no es un pleonasmo— es un proceso que enfrentó denuncias de poca transparencia.
Las personas no creen en cuentos de hadas. En las dos anteriores elecciones judiciales, los ciudadanos votaron por abrumadora mayoría en blanco o nulo. Es la palmaria demostración de lo afirmado.
De pronto, si una comisión de notables fuera responsable de la selección de candidatos, el panorama podría variar, aunque la solución a los problemas estructurales de la justicia no se presentará como un milagro o la acción de inspirados letrados. Toda obra humana es perfectible, pero ha quedado demostrado que elegir jueces por voto popular no ha resuelto los problemas de la corrupción, la lenidad, la retardación de justicia, los cobros irregulares, tal como sucedía en tiempos de la “meritocracia” judicial.
Es necesario aplicar mecanismos de control social sobre la justicia, pero no a partir de organizaciones clientelares y que han hecho de la prebenda una forma natural de actuar. Habrá que buscar con detenimiento cómo controlar lo que actualmente parece incontrolable.