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La exministra de Comunicación del gobierno de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga fue sentenciada a cuatro años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. Fue procesada en rebeldía porque se encuentra fuera del país.
La sentencia es por un proceso que inició la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por movimientos económicos sospechosos de 182 depósitos en las cuentas bancarias de la exautoridad.
Dichos depósitos sumaron 247.072 bolivianos, una cifra que, según la fiscalía, no correspondía con el estilo de vida de la sentenciada.