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El juez de turno en Tarija ordenó ayer la detención preventiva de E.V.M., de 67 años, en el penal de Morros Blancos. El acusado es el padre de la presunta víctima de Evo Morales en el caso de estupro, trata y tráfico de personas. La decisión judicial establece un periodo de reclusión de cuatro meses mientras avanzan las investigaciones. La defensa argumenta que no existen pruebas suficientes que demuestren que el padre haya consentido la relación de su hija con el exmandatario a cambio de beneficios.
Aníbal Cabezas, abogado de E.V.M., expresó su descontento ante la medida, señalando que el caso se ha manejado con una motivación de respuesta social en lugar de una verdadera búsqueda de justicia. “Nos sentimos consternados por la forma en la que se está llevando esta investigación. Parece que solo se busca satisfacer una demanda social, utilizando a una persona de 67 años que no tiene conexión directa con los hechos,” mencionó Cabezas, quien considera que el proceso muestra indicios de interferencia política.
El caso también incluye a la madre de la joven, quien junto a su esposo, enfrenta acusaciones de no haber denunciado los presuntos abusos de Morales en 2016. La Fiscalía investiga si ambos padres recibieron cargos públicos, viajes y pasaportes diplomáticos en una supuesta negociación para encubrir el delito. La defensa de E.V.M. insiste en que la detención fue ilegal y en que no existen pruebas concluyentes que justifiquen la medida.