- Política
- Armin Copa
El poder ejecutivo promulgó una normativa que establece un sistema oficial destinado a recibir y procesar acusaciones por presuntos delitos de extorsión, concusión y exigencias indebidas de dinero. La disposición abarca a trabajadores actuales y anteriores del Ministerio Público, el Órgano Judicial, Derechos Reales, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Policía Boliviana. Las víctimas pueden formalizar sus exposiciones por escrito mediante las oficinas del Viceministerio de Transparencia o a través de herramientas digitales creadas específicamente para este propósito institucional.
La reglamentación contempla la protección de la identidad de los afectados mediante el uso de códigos alfanuméricos confidenciales para salvaguardar su integridad física durante el proceso. Los datos personales reales quedan bajo custodia exclusiva en archivos físicos y digitales con restricciones estrictas. La medida busca ofrecer garantías a los ciudadanos afectados por presiones económicas ilícitas relacionadas con trámites judiciales o administrativos.
Las oficinas competentes verifican el cumplimiento formal de cada expediente antes de remitir los antecedentes a las instancias disciplinarias o al Ministerio Público. Esa derivación permite evaluar el inicio de acciones legales penales contra los infractores identificados. El Viceministerio participa como parte querellante en los procesos conforme a las disposiciones legales vigentes contra la corrupción.