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La semana pasada, el fiscal general Juan Lanchipa informó que cinco militares habían solicitado someterse a procedimiento abreviado, tras asumir su culpabilidad por la toma de la plaza Murillo, el pasado 26 de junio.
Sin embargo, el abogado de tres militares investigados, explicó que ninguno de los procesados solicitó acogerse a esta medida judicial.
Mientras tanto, una fuente reservada señaló que funcionarios del gobierno visitan las cárceles donde están recluidos los investigados, para pedirles que se declaren culpables.
Los uniformados no aceptan el “trato” comprende una sentencia de cinco años de reclusión, declararse culpables y ser dados de baja de las Fuerzas Armadas.
“Ninguno aceptó acogerse a procedimiento abreviado, cosa que sorprende, porque tenemos entendido de que el Fiscal General informó que son cinco militares los que habrían solicitado esta medida, pero hasta el viernes pasado nadie hizo esta solicitud”, explicó Eusebio Vera, abogado del estafeta del exgeneral Juan José Zúñiga, quien se presentó como el líder de la asonada castrense. “Los delitos investigados son fuertes, por terrorismo la pena máxima es de 25 años, mientras que, por alzamiento armado es de cinco a 15 años. Además, la Fiscalía no puede pretender generalizar la autoría del hecho, es importante individualizar responsabilidades”, explicó Vera.
El pasado 26 de junio por la tarde, militares tomaron la plaza Murillo, tres horas después de este hecho los primeros aprehendidos por el presunto golpe fallido fueron Zúñiga y Juan Arnez, excomandante de la Armada Boliviana. Horas después cayó Marcelo Zegarra, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Luego se generó una seguidilla de aprehensiones de presuntos involucrados.