28/1/2025.-  Una irresponsabilidad muy grave, criminal podría decirse. ¿Cómo es posible que un conductor novato lleve el volante de un antiguo ómnibus de pasajeros con una cantidad indeterminada de pasajeros?

Desde siempre se conoce que las empresas de transporte de pasajeros son una especie de país dentro del país, pues son sus propietarios, cuando no sus administradores, choferes y ayudantes, quienes fijan las reglas a bordo de sus unidades, sin que haya poder capaz de controlar semejante orden de cosas.

Es común que las unidades de transporte interdepartamental de pasajeros recojan a lo largo de la ruta a pasajeros y carga, cuyo peso supera largamente la capacidad de los motores, hecho que adquiere características mucho más complicadas si se considera la antigüedad de estos motorizados.

Tiempo atrás, el Ministerio de Gobierno intentó aplicar control satelital sobre estas unidades, pero la iniciativa duró poco tiempo, pues los empresarios adujeron que debía ser el Estado quien asuma el costo de ese servicio, aunque dio la impresión de que se trataba de evitar que alguien pueda ejercer cierta autoridad sobre estos vehículos.

Y es cuando, como en este caso, que se produce una tragedia de magnitud que muchos se desgarran las vestiduras y exigen sanciones para los responsables.

Es común, además, que los choferes deban cumplir agotadoras jornadas de trabajo que se prolongan, a veces, por días, sin considerar que la conducción vehicular es una de las actividades que mayor lucidez y concentración demandan. Desde luego que un ser humano agotado o al límite de sus fuerzas no pueda reaccionar como corresponde ante situaciones extremas.

Por otro lado, es común que los conductores, bajo el argumento de que necesitan estar alertas, beben alcohol, puro en muchos casos, y bajo ese estímulo peligroso ingresan en las carreteras del país.

Los retenes de tránsito parecen ser, a estas alturas, adornos en medio de las rutas del país.
Es necesario que el caso de estas empresas sea legislado cuidadosamente y se lleven adelante controles efectivos sobre los colectivos para evitar nuevas tragedias y corresponsabilizar penalmente a los propietarios y ejecutivos de las llamadas flotas para evitar estos extremos. Ese hecho merece una severísima sanción penal.