- Economía
- Armin Copa
El Ministerio de Economía detectó anomalías en la asignación de transferencias estatales durante administraciones previas, entre las que destacan beneficiarios inexistentes y cobros duplicados. Durante su intervención en la Cámara de Diputados, el titular de esta cartera, José Gabriel Espinoza, reveló casos de tutores con decenas de menores asignados a su cargo para percibir cobros indebidos. Con el propósito de corregir estos vacíos institucionales, el Ejecutivo promueve la creación del Registro Social de Hogares.
Esta iniciativa cuenta con un financiamiento de 12,5 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. Las autoridades precisaron que la herramienta busca mapear los niveles de ingreso y vulnerabilidad de la población, función que la consulta censal tradicional no abarca. Paralelamente, la propuesta contempla destinar 485 millones de dólares para complementar el pago de la Renta Dignidad, beneficio que mantendrá su continuidad junto a las demás ayudas del Estado.
El proyecto apunta a la digitalización y bancarización de los pagos para erradicar el fraude en la distribución de los fondos públicos. Según las declaraciones oficiales, la modernización de los padrones resulta indispensable tras dos décadas de cuantiosos ingresos estatales que no lograron reducir la pobreza estructural del país. Las autoridades defienden este ajuste técnico como la vía para transparentar la ayuda social y asegurar la llegada de recursos a los sectores prioritarios.