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El gobierno aprobó un Decreto Supremo que dispone a las Entidades de Intermediación Financiera y a las Empresas de Arrendamiento Financiero atender y evaluar las solicitudes de refinanciamiento o reprogramación de créditos de los prestatarios afectados por eventos climatológicos adversos, conflictos sociales y otras circunstancias que afecten su capacidad de pago.
Esta medida busca apoyar la recuperación económica de los deudores que voluntariamente soliciten este beneficio.