- Economía
- Armin Copa
El Poder Ejecutivo boliviano aprobó el Decreto Supremo 5600 con el objetivo de suprimir de forma definitiva un total de 161 normativas que daban luz verde a las adquisiciones directas dentro del aparato estatal. El actual mandatario, Rodrigo Paz, encabezó la presentación de esta nueva regla en la ciudad de La Paz. Según el criterio de las autoridades, el anterior sistema de compras excepcionales derivó en un manejo inadecuado de cifras millonarias bajo el amparo de gestiones pasadas.
Los ministros de la Presidencia y de Economía acompañaron al jefe de Estado en este acto público para detallar el impacto de la medida. De acuerdo con las explicaciones del equipo ministerial, estos antiguos decretos facilitaban la entrega de contratos sin ningún tipo de competencia ni fiscalización real, lo que involucró un monto superior a los 96 millones de dólares. A partir de la puesta en marcha de esta disposición, todos los requerimientos de bienes y servicios por parte del sector público quedan sujetos a procesos transparentes y de libre concurrencia.
La nueva legislación determina que los contratos que comenzaron su trámite con anterioridad a esta fecha mantendrán sus condiciones originales para no romper la seguridad jurídica. Asimismo, el documento instruye a los diferentes ministerios la ejecución de un análisis profundo sobre las operaciones pasadas para detectar posibles anomalías. Esta reestructuración busca garantizar mejores costos para el país y un control mucho más estricto sobre el dinero de los ciudadanos.