El año 2024 ha sido un período marcado por desafíos políticos, económicos y sociales que han dejado una huella significativa en Bolivia. A medida que el año concluye, las evaluaciones se centran en los efectos de las decisiones gubernamentales, las condiciones internacionales y las dinámicas internas que han moldeado el panorama nacional. Desde el ámbito económico, el país ha experimentado un crecimiento desigual, con sectores como la agricultura y la construcción mostrando cierta resiliencia mientras que otros, como la industria y los hidrocarburos, enfrentaron dificultades derivadas de la desaceleración global y la caída de los precios internacionales.
La inflación ha sido uno de los temas más relevantes del año. Según datos oficiales hasta noviembre el índice de precios al por mayor IPM alcanzó una variación del 8.69%, reflejando las dificultades en el control de precios y las presiones externas derivadas de los costos de importación y el contrabando. Esta situación ha limitado la competitividad y ha generado incertidumbre en el sector empresarial, que se ha visto afectado por la falta de incentivos y un entorno de inseguridad jurídica. A pesar de estas dificultades, el Banco Central de Bolivia implementó medidas para mantener la estabilidad macroeconómica, aunque las reservas internacionales continúan en niveles críticos, restringiendo la capacidad del país para responder a futuras crisis.
En el ámbito social, las tensiones se han manifestado en movilizaciones, bloqueos y protestas, principalmente en respuesta a decisiones gubernamentales como la eliminación de ciertos subsidios y el capricho de un líder político. La percepción pública sobre la eficiencia del gasto público ha sido objeto de críticas, especialmente en lo referente al mantenimiento de una amplia burocracia estatal.
La política ha estado marcada por un proceso electoral parcial en el que se eligieron nuevas autoridades judiciales. Este evento ha sido observado como un intento de renovación institucional, pero también ha generado debates sobre la independencia del sistema judicial y la transparencia en el proceso electoral. Los resultados mostraron una preferencia por candidatos con perfiles técnicos, aunque persisten las críticas sobre la politización de las instituciones.
En términos de infraestructura y desarrollo, el año 2024 fue testigo de avances importantes en la inversión pública, particularmente en proyectos de transporte y energía. Estos proyectos fueron financiados en parte por deuda externa, lo que ha incrementado las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal. A pesar de los esfuerzos por incentivar la inversión privada, el crecimiento de este sector ha sido modesto, debido en parte a la incertidumbre política y económica.
A nivel internacional, Bolivia ha fortalecido sus relaciones comerciales con países vecinos, destacando acuerdos migratorios y de control fronterizo con Chile. Estos esfuerzos buscan abordar problemas como el tráfico de personas y el contrabando, mientras promueven un comercio más seguro y eficiente. Aun asi, la dependencia del país en la exportación de materias primas ha dejado la economía vulnerable a las fluctuaciones del mercado global, resaltando la necesidad de diversificar la matriz productiva.
El sector empresarial ha enfrentado un entorno desafiante, caracterizado por restricciones financieras y una alta carga tributaria. Las pequeñas y medianas empresas han sido las más afectadas, luchando por mantenerse a flote en medio de la inflación y la desaceleración económica. Por otro lado, el gobierno ha tratado de apoyar la reactivación económica mediante créditos dirigidos a sectores estratégicos, aunque su implementación ha sido limitada por la burocracia y la falta de acceso equitativo.
El informe del Banco Central de Bolivia subraya que, pese a los desafíos, el crecimiento del PIB alcanzó un 3.7%, impulsado por la demanda interna y el inicio de operaciones de nuevas plantas industriales. Sin embargo, la sostenibilidad de este crecimiento sigue siendo incierta, considerando los riesgos asociados a eventos climáticos, la especulación en los mercados y la volatilidad de la economía global.
En el ámbito social, los desafíos relacionados con la desigualdad y el acceso a servicios básicos continúan siendo prioritarios. Programas destinados a mejorar la educación y la salud han mostrado avances limitados, mientras que el empleo informal sigue siendo una característica predominante de la economía. Esto refleja la necesidad de implementar reformas estructurales para fortalecer el tejido social y económico del país.
A nivel medioambiental, Bolivia ha enfrentado los efectos del cambio climático, con sequías y fenómenos meteorológicos extremos afectando la producción agrícola. Esto ha resaltado la urgencia de políticas sostenibles que promuevan la adaptación y mitigación frente al cambio climático, además de inversiones en infraestructura resiliente.
En conclusión, el año 2024 ha sido un período de ajustes y desafíos para Bolivia. Si bien se han logrado avances en ciertos sectores, como la infraestructura y las relaciones internacionales, las vulnerabilidades económicas y sociales persisten. Las evaluaciones sugieren que el país requiere un enfoque integral que combine reformas estructurales, estabilidad macroeconómica y un compromiso renovado con la equidad social para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo. En este contexto, las lecciones aprendidas durante este año servirán como base para definir las estrategias y prioridades del futuro.