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  • Susana Salinas

Las tres principales fuerzas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) enfrentan la renovación de las directivas camarales en un complicado escenario inédito de fractura interna. Ninguno de los bloques cuenta hoy con una mayoría estable ni garantiza el voto unificado de sus legisladores. 


El reglamento vigente fija un año de gestión para los cargos directivos, por lo que el relevo en las cámaras de Diputados y Senadores debe aprobarsr a más tardar el próximo 8 de noviembre.


El tablero político nacional muestra una fragmentación profunda que impide el control automático del Órgano Legislativo. 


En la actualidad, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) cuenta con 65 legisladores; Libre posee 51 representantes; y la bancada de Unidad suma 33 escaños. La aritmética legislativa, que antes permitía proyecciones claras, ahora depende de negociaciones individuales debido a las grietas que dividen a cada organización en el frente interno.


El oficialista PDC sufre el embate de al menos cuatro corrientes internas perfectamente identificadas. El primer grupo responde a los denominados “rodriguistas”, afines al presidente del Estado, Rodrigo Paz. La segunda facción se alinea bajo los “laristas”, seguidores del vicepresidente Edmand Lara. A ellos se suma un sector institucionalista altamente crítico de la gestión gubernamental, y finalmente el grupo que encabeza Roberto Castro, que respalda al jefe de Estado pero tiene claro que su apoyo  es condicionado pues no es un “cheque en blanco”.


La crisis interna del partido de Gobierno subió de tono luego del anuncio de la dirigencia nacional, el pasado 9 de septiembre, cuando oficializó su alejamiento del Ejecutivo. Pese a esa instrucción orgánica, la mayoría de la bancada optó por la continuidad del respaldo al presidente Paz. 


Frente a esta evidente fragmentación, algunos legisladores del PDC minimizan la crisis, niegan la existencia de facciones estructuradas y atribuyen la situación a simples diferencias de criterio individuales.
Entre las tendencias del PDC para liderar las directivas del Legislativo perfilan opciones claras en ambas cámaras. Para la Cámara Baja, la carrera se concentra entre la continuidad de Roberto Castro y la postulación formal de la diputada Sandra Rivera, quien impulsa una renovación institucional bajo el argumento de que la actual gestión careció de luces. 


En contrapartida, en Senadores la postulación se mantiene bajo análisis; la senadora Ana María Crispín advirtió de que existe una intención oficialista de ratificar al actual presidente, Diego Ávila, debido a su afinidad con el Ejecutivo, aunque el bloque parlamentario prevé evaluar otros liderazgos de consenso durante las reuniones que se harán en el transcurso de esta semana.


La facción del PDC, liderada por Óscar Trujillo, anunció más de 10 procesos por trasfugio contra legisladores mencionados en casos de corrupción e indisciplina para gestionar el reclamo de las curules.
En la vereda de la oposición, el panorama es también complejo. La bancada de Libre inició una investigación interna por transfugio político tras identificar a varios legisladores que actúan al margen de las decisiones orgánicas. 


La cúpula de este frente prepara procesos disciplinarios con el fin de despojar de las curules a los disidentes. Los reportes internos estiman que al menos 10 de sus 51 legisladores titulares respaldan de forma abierta al oficialismo, mientras que el núcleo leal a Jorge Tuto Quiroga apenas ronda los 20 asambleístas.


Por su parte, la bancada de Unidad también sufre los efectos de una evidente fractura interna que acaba de salir a la luz pública. El bloque opositor rompió su hermetismo tras oficializar denuncias por transfugio político y exigir la devolución de curules de los legisladores que se desmarcaron de la línea orgánica para aproximarse al oficialismo. Los casos más bullados citan a Nilton Condori y Alejandro Reyes. Los hechos confirman que sus filas tampoco lograron alinearse de forma unánime de cara a la nueva legislatura.


Cuando en UN se tomó la decisión política de apoyar las iniciativas del Ejecutivo, la bancada sufrió los efectos de un sismo político interno. Fue un quiebre anticipado por sus legisladores el 23 de julio y oficializado el 27 de ese mes por su líder, Samuel Doria Medina. Según se explicó bajo argumentos netamente éticos y de principios. 


Esta separación formal del oficialismo terminó por profundizar las grietas operativas en la estructura legislativa del frente ahora opositor.


Una parálisis legislativa amenaza con instalarse debido a dos escollos procedimentales urgentes. El primer desafío consiste en definir con precisión jurídica qué bancadas forman la mayoría y cuáles representan a la minoría dentro de ambas cámaras. 


El reglamento del Senado reserva de forma específica la Presidencia, la Primera Vicepresidencia, así como la Primera y Tercera secretaría para la mayoría; en contraste, otorga la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaría a la minoría. El año pasado, la falta de consenso sobre la constitución de estos bloques obligó a la Cámara de Diputados a dictar un cuarto intermedio prolongado.


El segundo obstáculo radica en las decisiones internas del propio PDC. La bancada oficialista definirá la próxima semana a los postulantes a la directiva de Diputados. Aunque la dirigencia partidaria solicitó el voto formal para Roberto Castro en Diputados y para Diego Ávila en el Senado, hay posturas encontradas. 


Algunos parlamentarios promueven la reelección de Castro, mientras que otros sectores exigen un recambio institucional. En este río revuelto, la legisladora Sandra Rivera confirmó su postulación formal a la candidatura, mientras que Manolo Rojas anunció de manera pública que no buscará la presidencia de la Cámara Baja.


Ante este panorama de fragmentación transversal, la Asamblea se encamina a una de las negociaciones más complejas y opacas de su historia reciente, a causa de que no parece haber líneas ideológicas claras.