• Economía
  • Armin Copa

El Poder Ejecutivo oficializó el Decreto Supremo 5699, mediante el cual establece la intervención extraordinaria y temporal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por un lapso de medio año. Esta disposición dispone la conformación de una comisión estatal que asumirá las competencias administrativas de la entidad reguladora, debido a las inconsistencias detectadas en la supervisión de la distribución de carburantes a nivel nacional.

La normativa dispone una evaluación integral al personal institucional y faculta al equipo interventor para efectuar las reestructuraciones operativas necesarias en el organigrama interno. Asimismo, las autoridades del sector justificaron la aplicación del mecanismo técnico al evidenciar anomalías en el monitoreo del suministro e irregularidades en el seguimiento al despacho de diésel y gasolina en las estaciones de servicio.

Esta medida regulatoria sobre la entidad reguladora se suma a la reciente fiscalización aplicada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, enmarcada en una estrategia estatal orientada a normalizar el abastecimiento energético. Las autoridades prevén que la delegación asignada tome posesión inmediata de las dependencias centrales para realizar auditorías de gestión y supervisar la logística del despacho energético en todo el país.