- Política
- Armin Copa
El Ejecutivo nacional a través del ministro de la Presidencia Fernando Aramayo descartó de manera oficial la anulación del Decreto Supremo 5676, disposición que fijó una nueva tarifa de diésel para los grandes consumidores. La postura del Ministerio de la Presidencia se mantiene firme a pesar de los constantes pedidos de rechazo provenientes de diversos bloques productivos y agropecuarios en el departamento de Santa Cruz, quienes exigen dar marcha atrás a la medida regulatoria.
Desde la administración central defienden la vigencia de la norma bajo el argumento de que el nuevo valor del carburante asegura el suministro en el mercado interno y frena el contrabando hacia otros países. Autoridades del sector gubernamental señalan que dejar sin efecto esta disposición afectaría directamente el abastecimiento regular de combustible para la población general y los pequeños productores, sectores que conservan la subvención estatal.
Por su parte, las organizaciones del Norte Integrado y de varios municipios cruceños exigen mesas de diálogo inmediatas para revisar los alcances de la normativa. Las dirigencias del agro advierten que la aplicación de este ajuste incrementa de forma directa los costos de operación en el campo, panorama que pone en riesgo el desarrollo de la producción alimentaria y la estabilidad de la economía regional.