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El pasado lunes, el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción de Sucre ordenó la detención con fines de extradición a Estados Unidos del exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila.
La decisión se presenta dentro del proceso penal de investigación que sigue la Embajada de Estados Unidos contra el exjefe policial, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas y otras relaciones con armas de fuego. La determinación responde a la aprobación del Tribunal Supremo de Justicia del 14 de agosto después de atender el requerimiento de autoridades de EEUU.
Al respecto, el abogado y coronel en servicio pasivo de la Policía, Jorge Santiestevan, explicó que el destino de Maximiliano Dávila prácticamente se encuentra en manos del Estado, además que el proceso penal que afronta en el país por presunta legitimación de ganancias ilícitas, podría quedar en pausa o sea suspenderse.
“Si Estados Unidos no cometió ningún error en el requerimiento de extradición, Dávila debe ser entregado a Estados Unidos en menos de 90 días”, refirió.
El jurista explicó que, uno de los factores que podría frenar su traslado es que es investigado por el mismo delito en Bolivia y Estados Unidos, pero en el país afronta un proceso penal por legitimación de ganancias ilícitas, y que autoridades estadounidenses lo investigan por conspiración para el narcotráfico. “Los dos tienen relación con el narcotráfico, pero los delitos son distintos”, manifestó el letrado.
Entretanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que se tiene los elementos suficientes para dar lugar a la extradición del exjefe policial.
Según normativa, el procesado debe ser notificado con el requerimiento de extradición al momento de la entrega al país solicitante y no antes, al ser un procedimiento que se ejecuta entre representantes del Estado y la Cancillería.