- Seguridad
- Carmen Challapa
La situación jurídica y disciplinaria el exjefe nacional de la fuerza antinarcóticos, Maximiliano Dávila, se complicó después de conocerse una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Los datos oficiales del Comando General de la Policía establecen que fue suspendido de manera definitiva, sin goce de haberes por medio de resolución administrativa de 15 de febrero de 2022.
Según la información oficial, el proceso disciplinario concluyó el 21 de enero de 2022, y se lo inició cuando la Fiscalía General Policial tuvo conocimiento de que Dávila había sido involucrado en delitos comunes y narcotráfico. Se abrió una investigación en su contra por la connotación mediática de este caso.
La sanción disciplinaria fue confirmada por el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez, quien aseguró que se trata de una baja definitiva de la institución del orden. Este proceso disciplinario fue dirigido por Álvarez quien, en
2022, se desempeñaba como Inspector General.
Respecto a esta situación, el presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía, Álvaro Flores López, explicó que dentro las disposiciones adicionales de la Ley de Régimen Disciplinario 101 existe la suspensión indefinida cuando un efectivo es imputado, procesado y cumple detención preventiva, lo que se resuelve mediante
una resolución administrativa interna.
“Los casos de connotación que se dan a conocer por los medios de comunicación en los que servidores policiales son sorprendidos cometiendo faltas graves derivan en una resolución administrativa y pierden sueldo, seguro de salud, los beneficios sociales”, refirió.
Entretanto, en la vía ordinaria, el abogado defensor de Dávila, Manolo Rojas, explicó brevemente que aguarda que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz agende una fecha para que se dé inicio del juicio oral en contra de su cliente por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, después de que el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Dávila.
Rojas además explicó que a la fecha aún no fue notificados con la solicitud de detención preventiva con fines de extradición, por lo que aún no puede pronunciarse al respecto, aunque anunció la apertura de un proceso contra los funcionarios de Relaciones Exteriores, que quebraron el principio de confidencialidad que debe rodear a procesos
internacionales de esta naturaleza.