• Política
  • Wilma Pérez

Los tres años de socialización en mesas de trabajo, debates con periodistas, sociedad civil, entidades del Estado y legisladores tuvieron su fruto el miércoles por la tarde cuando en la Cámara de Senadores se aprobó, en grande y detalle, el proyecto de Acceso a la Información y Documentación Pública,  confirmó a La Prensa la proyectista, senadora Silvia Salame.

“Es un gran avance para la sociedad en general, porque el proyecto de ley otorga todas las garantías para acceder a la información, además está el hecho de que como país cumpliremos con la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya no estaremos catalogados como un Estado que viola el derecho a buscar y recibir información”, dijo la senadora de Comunidad Ciudadana (CC). 

El proyecto de ley consta de 38 artículos, una disposición adicional, tres transitorias, una obligatoria y una final. Tras su aprobación por los senadores pasó a la Cámara de Diputados, que en calidad de cámara revisora debe aprobar o rechazar el documento. El análisis lo harán en la legislatura 2024-2025.

“El objetivo de la presente ley es regular el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información y documentación pública y las obligaciones que correspondan en todos los niveles de gobierno de Bolivia”, indica el inciso a del artículo 1 de la propuesta.

En cuanto se socializó la aprobación del proyecto, los representantes del gremio felicitaron el avance. 

“Destacamos el trabajo de la Comisión presidida por la senadora Silvia Salame, su equipo técnico y las organizaciones periodísticas que con profunda convicción reclaman una ley que haga transparentes las acciones de los funcionarios públicos, desde el Presidente hasta el último servidor en instancias nacionales, departamentales y municipales”, expresó en una nota el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Jorge Carrasco.

En tanto que la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, afirmó que con la norma se “institucionaliza uno de los derechos más relevantes de la democracia, conculcado hasta ahora por la ausencia de una norma que la haga obligatoria en todas las entidades del Estado”.