27/1/2025.- Una empresa si corresponde llamarla de esa manera ofrecía tours para cazar jaguares en la Amazonia boliviana y cobraba nada menos que 50 mil dólares por esta tan poco edificante diversión que, seguramente, tiene algunos millonarios adeptos.
De pronto, da la impresión de que ciertas actividades económicas se retrotraen a los siglos XVIII y XIX en los continentes africano y asiático, cuando cazar leones era una diversión, por estúpida que parezca esa actividad hoy en día.
Ese negocio debió necesariamente ser conocido por autoridades locales de las regiones por las que los infames cazadores se desplazaban en busca de los indefensos y hermosos felinos. Es probable que, en sus andanzas, los aventureros hubieran asesinado —porque ése es el término preciso— a otras especies zoológicas.
Es imprescindible que el Ministerio Público, en su condición de entidad defensora de la sociedad, haga una profunda investigación y, caiga quien caiga, encuentre a todos los responsables de este delito gravísimo y logre su sanción penal ante la justicia ordinaria.
No es posible imaginar que un grupo más o menos numeroso de personas pudiera ingresar a la región selvática con armas y que al salir puedan esconder cuerpos sin vida de ejemplares que en el peor de los casos pesan unos 60 kilogramos y los mayores, hasta unos 100. Es lógico suponer que hubo complicidad local en este cruel negocio.
Se conoce que los animales muertos eran llevados a talleres de taxidermia en Argentina para ser disecados, por lo que hay que pensar que había una vía de contrabando de las fieras abatidas.
Es, en consecuencia, lógico suponer que detrás de todo esto había una red siniestra de complicidades y protección, que no actuaba en forma gratuita.
Es lo que la Fiscalía, en representación del Estado, debe desentrañar. El equilibrio ecológico es imprescindible para la supervivencia de la humanidad. Atentar contra la vida salvaje es cometer un delito contra la humanidad. Ese hecho merece una severísima sanción penal.