• Política
  • Susana Salinas

15/9/2025.- El 30 de marzo de 2023, Bolivia firmó un contrato de crédito con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), por 100 millones de dólares, destinados a reponer los recursos que el Estado boliviano erogó durante la emergencia sanitaria.

A más de un año, cinco meses y algo más de dos semanas de la firma y posterior elaboración del proyecto de ley que aprueba el convenio de préstamo correspondiente para el Programa Apoyo de Emergencia Para la Respuesta al Covid-19, pero los trámites se politizaron y quedaron estancados en la Asamblea.

La resistencia para aprobar el crédito en el Legislativo obligó al embajador de Japón en Bolivia, Hiroshi Onomura, a reaccionar ante el estancamiento y advertir de consecuencias en las relaciones bilaterales entre Bolivia y su país.

“El contrato de 100 millones de dólares  acabará en noviembre, pero podemos ampliarlo, ya lo hemos ampliado muchísimas veces, pero el problema es justo, al mismo tiempo, el cambio de gobierno, de gestión de presidente. Estoy preocupado por cómo podemos hacer, ampliar o terminar el préstamo, por eso antes de terminar noviembre quiero recibir alguna respuesta”, sostuvo el diplomático, quien además dijo que si la Asamblea no aprueba el crédito, esa actitud tendrá consecuencias sobre la captación futura de nuevos préstamos que Bolivia pueda requerir de Japón. 

La bondad de este crédito son las condiciones de una tasa de interés muy baja (0,01 por ciento anual), un plazo favorable de amortización y los generosos años de gracia. La preocupación de Onomura radica en que su país observa que proyectos críticos a favor de la población pueden quedar sin financiamiento esencial, lo que afecta la credibilidad boliviana como contraparte para recibir cooperación de organismos extranjeros. 

Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó en esta gestión que el “crédito japonés” es un préstamo de reposición; vale decir que los fondos repondrán los recursos que ya fueron gastados para paliar la situación de emergencia sanitaria del Covid-19. Con los recursos que se puedan habilitar con la aprobación del proyecto, se atenderá nuevas necesidades en el país. “Queremos que el 90 por ciento del crédito se destine a emergencias climáticas y el restante para financiar el voto en el exterior”, mencionó antes de las elecciones del 17 de agosto. No obstante, en la Asamblea se bloqueó su tratamiento en reiteradas ocasiones y se realizaron los comicios con otros fondos.

En la Asamblea se presentó el proyecto bajo el número 156/2023‑2024.  Luego de discusiones, el 2 de abril de 2025, el pleno de la ALP rechazó el proyecto por falta de apoyo suficiente. 

Posteriormente, hubo una convocatoria para reconsiderar la aprobación, convocada por el vicepresidente David Choquehuanca, pero en la sesión del 16 de abril, aunque había mayoría para la reconsideración (72 votos a favor), no se alcanzaron los dos tercios requeridos (89 votos), por lo que el proyecto se rechazó nuevamente. También se busó un mecanismo legal para reactivar el tratamiento del crédito en sesiones posteriores, sobre todo desde la Cámara de Diputados, sin éxito.

Empero, la oposición tiene una cascada de argumentos para evitar su tratamiento. Por ejemplo, se critica que el crédito se hubiera intentado incorporar “por la ventana” o “de contrabando” dentro de otro proyecto, como el del Parque Lineal, en lugar de ponerse en consideración en forma independiente.

También, los opositores señalan que una vez que un proyecto de ley es rechazado, como sucedió, su análisis no puede reponerse en el mismo periodo legislativo, por normativa.

En otros argumentos, se condicionó su aprobación al restablecimiento de la facultad de interpelar a ministros, suspendida desde agosto de 2023, gracias a una medida cautelar interpuesta por Montenegro, en busca de regular los efectos de la censura por parte de la Asamblea Legislativa.
Además, se tejen sospechas de un mal uso de los fondos de parte del Órgano Ejecutivo al dársele fines distintos a los declarados, agravados por las tensiones políticas y sociales en un año electoral.

De acuerdo con algunos analistas, Japón es uno de los países donantes y financiadores más confiables a escala mundial. El hecho de rechazar o incumplir acuerdos ya firmados puede deteriorar la imagen de Bolivia, como un país serio y confiable, para recibir futuros créditos o inversiones.

¿Qué queda? Aunque el crédito fue rechazado en este periodo legislativo, hay gestiones para tratarlo en la próxima legislatura, que comenzará el próximo 8 de noviembre de 2025, cuando se posesionará a las próximas autoridades nacionales.