- Política
- Armin Copa
8/11/2024. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con sus Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión (RELE) y para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), expresó su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia y sus efectos en los derechos humanos y la gobernabilidad del país. La CIDH instó al Estado boliviano a respetar y garantizar los derechos humanos en el contexto de las protestas y a fortalecer el diálogo como herramienta para resolver las controversias.
Las manifestaciones comenzaron el 17 de septiembre, lideradas por una facción del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), que exige el reconocimiento del liderazgo del expresidente Evo Morales. Desde el 14 de octubre, las protestas han incluido bloqueos de carreteras en varios puntos del país, intensificándose el 27 de octubre tras una denuncia de ataque armado contra el vehículo de Morales, un hecho que el Estado atribuyó a un operativo policial.
Al 4 de noviembre, la Administradora Boliviana de Carreteras reportó 16 puntos de bloqueo, afectando principalmente a Cochabamba, lo que ha dificultado el tránsito de ambulancias, alimentos y otros suministros esenciales. En respuesta, el gobierno boliviano anunció operativos conjuntos de la Policía y el Ejército para desactivar los bloqueos, mientras que la Defensoría del Pueblo informó sobre la detención de 63 personas en estos operativos y denunció posibles violaciones de garantías judiciales.
La CIDH también expresó su preocupación por la violencia en las manifestaciones, documentando enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Parotani, Cochabamba y Mairana, Santa Cruz, que resultaron en múltiples heridos y agresiones contra periodistas. La RELE reportó al menos 30 incidentes de violencia y amenazas contra trabajadores de la prensa que cubrían las protestas, instando al Estado a proteger su labor y garantizar una cobertura informativa segura.
La CIDH subrayó la necesidad de mantener la institucionalidad y de fomentar un ambiente de deliberación pública abierto y plural, evitando discursos que exacerben la polarización. Finalmente, la Comisión reiteró su compromiso de monitorear la situación y acompañar la implementación de recomendaciones para reducir los efectos de la polarización política en Bolivia, enfatizando la importancia del diálogo para fortalecer la gobernabilidad democrática.