Bolivia atraviesa uno de los períodos más tensos después de la crisis de 2019 debido al bloqueo de caminos que ha paralizado gran parte del país. Estos bloqueos, promovidos por sectores que respaldan al expresidente Evo Morales, han sumido a la nación en un estado de caos social, económico y político que afecta gravemente la vida cotidiana de los bolivianos. Morales, quien abandonó de manera burda el poder el 20 de noviembre de 2019, sigue siendo una figura clave que genera divisiones profundas en la sociedad boliviana. Los bloqueos, que inicialmente fueron una forma de protesta, han escalado hasta convertirse en una herramienta de presión que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos y que tiene un impacto devastador en la economía del país.
Los efectos de los bloqueos son devastadores en todos los sectores de la sociedad. Las carreteras son arterias vitales en un país donde el transporte terrestre es el principal medio para el comercio y el abastecimiento de alimentos y combustibles. La interrupción de las rutas ha provocado una escasez de varios productos básicos en varias regiones del país, especialmente en las zonas urbanas. Ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz han reportado una drástica disminución en el suministro de alimentos, lo que ha disparado los precios y ha dejado a miles de personas sin acceso a productos esenciales.
El sector productivo también ha sido uno de los más golpeados. Los productores de alimentos, particularmente los avicultores, han advertido que los bloqueos están causando daños irreparables a la cadena de producción y distribución de carne de pollo, que es un alimento básico en la dieta boliviana. El gobierno ha tenido que implementar un puente aéreo para transportar pollo y otros productos de primera necesidad a las principales ciudades, pero este esfuerzo es insuficiente para cubrir la demanda. Las pérdidas económicas en este sector ascienden a millones de bolivianos, y muchos empresarios avícolas han advertido que, de continuar los bloqueos, las consecuencias podrían ser catastróficas.
Los efectos en la industria no se limitan solo a la agricultura y la ganadería. Sectores como la minería, el turismo también han reportado grandes pérdidas. La Cámara Nacional de Comercio ha advertido que los bloqueos están afectando gravemente la competitividad de las empresas bolivianas, especialmente aquellas que dependen de la importación de insumos o de la exportación de productos terminados. Algunas fábricas han tenido que detener sus operaciones debido a la falta de materia prima. Bolivia, que ya enfrentaba problemas económicos debido a la pandemia, ahora se encuentra en una situación aún más crítica.
En términos de derechos humanos, los bloqueos han generado un escenario de violencia y confrontación. Los ciudadanos que intentan transitar por las carreteras se enfrentan a agresiones físicas y verbales por parte de los bloqueadores, y en muchos casos, se han reportado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Las familias que necesitan trasladarse por motivos médicos, laborales o educativos se ven obligadas a esperar días en los caminos, sin acceso a alimentos ni servicios básicos. Esta situación vulnera gravemente el derecho a la libre circulación, uno de los principios fundamentales en cualquier estado democrático.
Además de la vulneración de los derechos individuales, el impacto emocional y psicológico en la población es significativo. Los bloqueos han generado un clima de incertidumbre y miedo, donde los ciudadanos no saben si podrán abastecerse de alimentos, si llegarán a sus trabajos o si sus hijos podrán asistir a la escuela. Este ambiente de tensión también se ha convertido en un incremento en los actos de vandalismo y saqueo, exacerbando aún más la crisis social.
Económicamente, el costo de los bloqueos es insoportable. Según informes de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) y reportes oficiales, las pérdidas diarias ascienden a $us 191 millones, el sector industrial pierde más de $us 96.6 millones y los exportadores adicionalmente pierden otros $us 53 millones, puesto que el 60% de las exportaciones se realizan por carretera y en el caso de las importaciones es el 80%. Además, estas pérdidas no solo afectan a los grandes empresarios, sino que también impactan a los pequeños comerciantes y a los trabajadores informales, quienes dependen de la movilidad para su subsistencia diaria. El transporte público ha sido paralizado en varias ciudades, lo que ha dificultado aún más el acceso a bienes y servicios esenciales.
El turismo, uno de los sectores más importantes para la economía boliviana, también ha sido gravemente afectado. Los bloqueos han cerrado el acceso a importantes destinos turísticos como el Salar de Uyuni y el Lago Titicaca, lo que ha generado una pérdida significativa de ingresos para las comunidades que dependen de esta actividad. La Cámara de Hotelería ha advertido que la imagen internacional de Bolivia está siendo dañada de manera irreversible, ya que los turistas internacionales cancelan sus viajes debido a la inestabilidad social.
Como corolario del desastre, tras las declaraciones de Morales en su radio, condicionando el levantamiento de los bloqueos, el senador Loza, de manera absurda, exige la anulación de los procesos judiciales contra Morales como condición para cesar las protestas. Esta estrategia, que utiliza el sufrimiento de la población como moneda de cambio, no solo exacerba el conflicto, sino que socava la autoridad del gobierno de Arce. La propuesta de Morales y Loza, que instrumentaliza los bloqueos para obtener beneficios políticos, convierte a la población en rehén de una lucha de poder cuyo objetivo principal parece ser la impunidad para Morales.
En conclusión, Bolivia sigue enfrentando un escenario de incertidumbre, donde los intereses políticos se imponen sobre el bienestar de los ciudadanos, exacerbando una crisis que continúa cobrando un alto precio en términos económicos y sociales.
