- Sociedad
- Fabiola Alvarado
11/2/2025.- El Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) llegaron a un acuerdo para congelar la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que se refiere al decomiso de productos en casos de agio y especulación. Esta medida había sido fuertemente cuestionada por diversos sectores productivos, quienes consideran que vulnera la propiedad privada y facilita confiscaciones arbitrarias.
El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, confirmó que la disposición no se ejecutará hasta que se alcancen consensos entre el sector privado y el Gobierno. "El principal resultado en esta primera reunión de acercamiento ha sido que ambas partes hemos acordado que la disposición séptima no se va a aplicar mientras no haya acuerdo sobre metodologías, normas o cualquier otra solución respecto a la especulación, contrabando ilegal, exportaciones ilegales, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada", afirmó Ortuño.
El acuerdo también especificó que la derogación de la disposición no corresponde al Ejecutivo, sino que debe ser debatida en la Asamblea Legislativa, en cumplimiento con la independencia de los poderes. El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, indicó que el tema debe discutirse en la Asamblea, y no en el ámbito ejecutivo.
Además, se estableció un cronograma para continuar con el diálogo entre el Gobierno y los representantes del sector productivo, buscando soluciones conjuntas a los problemas que genera la disposición séptima.
Antes del encuentro, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, reiteró que la disposición no afectará a los sectores productivos ni a otros rubros formales, como se había manifestado por parte de algunos sectores.
Este acuerdo se dio en medio de una serie de protestas por parte de los sectores productivos, quienes realizaron un paro nacional “movilizado” y advirtieron con iniciar nuevas medidas de protesta escalonadas a partir del jueves.