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La meta de la Policía y el Ministerio Público es concluir la investigación del caso denominado Golpe III hasta fin de año. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo señaló que su cartera pedirá que se condene a 30 años de presidio a los involucrados.
“Estamos contentos con el trabajo de los investigadores, se logró colectar mucha información, además que los trabajos técnico periciales están concluyendo. Hay muchas personas investigadas, se prevé que algunos sean llamados como testigos y otros definitivamente sean procesados”, explicó.
Del Castillo descartó una vez más que se haya tratado de un “autogolpe”, y que se cuenta con videos, imágenes, documentos e información trascendental extraída de los teléfonos celulares de los involucrados, que muestran las reuniones sostenidas por los involucrados y la planificación del movimiento.
Los resultados de la triangulación de llamadas y la georreferenciación de los ahora procesados será conocida en los próximos días, además que investigadores de la fuerza anticrimen de La Paz encontraron videos importantes en los teléfonos celulares de los militares destinados al Departamento de Inteligencia.
“Nadie arriesgaría su carrera profesional o su vida para simular un golpe, o participar en una obra de teatro, nadie puede arriesgarse a una sanción de 30 años por alzamiento armado, porque nosotros exigiremos la pena máxima para todos los procesados”, refirió la autoridad.
Entretanto, autoridades del Órgano Ejecutivo también fueron citadas por el Ministerio Público para prestar sus declaraciones en calidad de testigos de los hechos.
“Dentro de las investigaciones por los delitos de alzamiento armado y terrorismo por los sucesos ocurridos en la plaza Murillo el 26 de junio, el presidente del Estado, Luis Arce, y otras autoridades del Gobierno Nacional serán convocadas para dar su declaración como testigos ante la comisión de fiscales que investiga el caso”, refirió, por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce.
Por: Carmen Challapa