• Política
  • Susana Salinas

La Justicia constitucional y ordinaria en Bolivia se encuentra en un momento de asfixia, con al menos 18 mil causas pendientes en solo en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

A pesar de la urgencia nacional por resolver la crisis de acefalías en las cúpulas del Órgano Judicial, un proyecto de ley decisivo —que busca otorgar gobernabilidad al TCP y al TSJ— lleva casi tres meses en el limbo legislativo. No se debe a una falta de redacción ni de debate técnico, sino a un entrampamiento burocrático y político en la Cámara de Diputados que, a la postre se puede convertir en una causal de demandas por incumplimiento de deberes.

ORIGEN DEL CASO

La raíz del problema se remonta a las elecciones judiciales parciales del 15 de diciembre de 2024, cuando no se pudo elegir magistrados de cinco departamentos debido a diversos fallos judiciales. Luego de la accidentada salida de las autoridades que se habían autoprorrogado, el TCP quedó al mando de apenas cuatro magistrados titulares de los nueve que exige la Constitución. Bajo la Ley N.° 027 del TCP, este número es insuficiente para formar una Sala Plena legal y legítima, lo que impide emitir fallos de fondo.

Para solucionar esta parálisis, mientras se convoca a los comicios complementarios, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados estudió una “ley corta” de transición. La actual polémica no radica en el contenido del proyecto, sino en su actual paradero administrativo. Las versiones de los propios legisladores de Libre expusieron esta semana una severa falta de coordinación interna.

En ese sentido, Santiago Ticona  (Libre) afirmó que la comisión ya cumplió su labor. Aseguró que se compatibilizaron seis diferentes proyectos de ley, se escuchó a los magistrados vigentes del TCP y se aprobó el informe correspondiente hace más de dos meses. “Es un proyecto que tiene mucha participación, pero lamentablemente no está agendado”, se lamentó Ticona, quien subrayó que la falta de esa ley impide a la Presidencia del TCP representar formalmente a la institución y coadyuvar en la resolución de causas que necesitan soluciones.

Por otra parte, desde la directiva de la Cámara Baja, el diputado José Maldonado, también integrante de Libre, justificó la ausencia del proyecto en el orden del día. De acuerdo con el legislador, la Comisión de Constitución no habría remitido formalmente el informe de aprobación. Sin este documento oficial enviado por los canales regulares, la directiva alega que no tiene la facultad de agendar su tratamiento en el pleno camaral.

Maldonado sumó un elemento de contexto político al reconocer que en los recientes meses la atención de todas las fuerzas políticas estuvo volcada casi de manera exclusiva sobre las elecciones subnacionales, lo que postergó la agenda de las reformas judiciales.

Aunque el punto central del conflicto radica en la funcionalidad del TCP, la falta de una legislación de transición también afecta al TSJ, que al igual que el TCP, arrastra vacantes que limitan su capacidad de resolución en casos de casación.

La incertidumbre también llega a la Magistratura, a las direcciones de los tribunales, puesto que frena los procesos disciplinarios y la designación de jueces de base, de modo tal que se agudiza la mora procesal.

En este contexto, si la Asamblea Legislativa no consigue viabilizar una salida jurídica y disponer la complementación de las elecciones de los magistrados faltantes, la inacción de los representantes nacionales podría encuadrarse en la figura penal de incumplimiento de deberes, de acuerdo con leyes vigentes.