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Lo que ocurre en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del año pasado, cuando militantes de la organización palestina Hamás tomaron rehenes y atacaron posiciones de Israel, es sencillamente una matanza de civiles inocentes, perpetrada por militares israelíes.
Se sabe que más allá de sus funciones específicas, Fuerzas Armadas y Policía son las instituciones que administran la violencia física en la sociedad.
Precisamente por ello, cualquier cadete o alumno de un instituto de formación en ambas especialidades uniformadas sabe que, ante cualquier situación, se debe responder con el empleo de la fuerza en forma proporcional.
Cuando se supera esa delgada línea que marca el uso desproporcionado de la fuerza se está en presencia de, en su caso, crímenes de guerra o brutalidad policiaca, ambos delitos susceptibles de ser procesados por tribunales ordinarios o internacionales de justicia.
Cuando el blanco de las acciones de un ejército, el israelí, deberían apuntar a objetivos selectivos, como los combatientes de Hamás, pero amplía su accionar en forma indiscriminada en contra de personas inocentes e indefensas, estamos en presencia de acciones en las que debe intervenir la comunidad internacional.
Desde octubre, más de un millón de personas ha huido de sus hogares, que probablemente han quedado destrozados por bombas y metralla, en la Franja de Gaza, donde los palestinos deberían vivir teóricamente en paz, pero que no pueden hacerlo, pues son cada vez frecuentes los asentamientos de Israel en territorios que deberían formar parte del Estado Palestino.
Esos seres humanos que huyen de la barbarie se asientan en campamentos de refugiados sobre los que se lanza ataques indiscriminados que, ni siquiera, respetan hospitales, guarderías infantiles o improvisados centros escolares.
Así como la humanidad condenó el holocausto, actualmente, las personas que piensan y son capaces de reflexionar sobre lo que ocurre en Oriente Próximo expresan su más contundente rechazo a lo que los líderes de Israel son capaces de hacer.
Por ello, hoy más que nunca es imprescindible la intervención de la comunidad internacional para defender a las víctimas de este verdadero genocidio y debe juzgar a sus responsables para sancionarlos en forma ejemplar.