Datos publicados por la Dirección General de Régimen Penitenciario muestran que, en el primer semestre de 2022, hubo 224 muertes de privados de libertad en los reclusorios del país, de los que 179 decesos se produjeron por falta de atención médica.
El segundo factor de muertes en cárceles son las peleas por pugnas de poder. Chonchocoro, El Abra y Palmasola son consideradas cárceles de alta peligrosidad donde se encuentran recluidas personas calificadas de alta peligrosas y reos sometidos a procesos penales por haber cometido delitos dentro de los mismos reclusorios.
Los conflictos entre reos en las tres cárceles “peligrosas” se debe a la asignación de lugares de estadía y por ejercer control sobre la población penitenciaria.
En abril, un reo del Centro de Readaptación Productiva de Montero, perdió la vida después de ser golpeado por otros internos. Después de dos meses del hecho, los dos acusados fueron sometidos a audiencia cautelar y trasladados al penal de El Abra, de Cochabamba.
El fiscal del caso, Alberto La Fuente, explicó que se solicitó la extrema medida para precautelar la seguridad de los internos que ayudaron a esclarecer el hecho. Según las investigaciones, los acusados eran parte de una organización criminal formada en el interior de la cárcel.
“Los acusados en este caso eran los jefes del área de aislamiento y exigían el pago de 500 bolivianos por el ‘seguro de vida’. Ambos cumplían detención preventiva por el delito de secuestro”, informó el jurista.
Un reciente hecho de violencia que tuvo lugar en la cárcel de Chonchocoro, el pasado 9 de junio, fue protagonizado por Misael Nallar, procesado por asesinato y otros cuatro reclusos, puso nuevamente en evidencia la falta de seguridad interna penitenciaria.
Nallar continúa recluido en el penal de máxima seguridad de La Paz, en tanto que sus cómplices fueron trasladados a otros centros penitenciarios donde cumplen detención preventiva de 180 días por lesiones causadas a tres policías y destrozos al penal.
FALTA DE POLÍTICAS DE CRIMINALIDAD
El defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, consideró que urgentemente deben construirse políticas criminales basadas en el respeto al ser humano y buscar nuevos mecanismos de sanción a quienes incurren en delitos.
“El 70 por ciento de reos tienen detención preventiva, esto genera hacinamiento en los centros penitenciarios del país y las condiciones en las que viven los privados de libertad son infrahumanas”, señaló.
En 2012, en las principales cárceles del país se reportó 70 muertes por pugnas de poder, hecho que no sólo evidenció el hacinamiento carcelario sino también la falta de seguridad y corrupción.
“El hacinamiento provoca una serie de situaciones que van desde limitaciones para vivir y falta de espacios físicos para los privados de libertad, lo que conlleva a la falta de seguridad que se produce a partir de la sobrepoblación penal”, señaló.
Por: Carmen Challapa
