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  • Aleja Cuevas

23/3/2025.- A  más de 10 años de la vigencia de los  Decreto Supremos 1302 y 1320, que suspende funciones sin goce de haberes a profesores por delitos de violación y agresión sexual contra escolares, la Dirección Departamental de Educación (DDE) de La Paz aún registra casos de abuso y violencia sexual cometidos por los educadores. En dos meses, recibió 13 denuncias penales por estos delitos, además,  hay otros 11 casos “antiguos”.

“Tenemos como 14 casos que están en la etapa preparatoria, es decir, se está iniciando acciones que corresponde, para que sean sancionados. Los otros 20  casos (11 por delitos de agresión y violación) y nueve por infracción por violencia) están en diferentes etapas procesales”, dijo el director de la DDE La Paz, Basilio Pérez.

 Según el informe al que tuvo acceso La Prensa, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la DDE La Paz, parte coadyuvante, registró 13 casos relacionados con los delitos de abuso sexual, violación-estupro, abuso sexual-agravante, violación tentativa, violación y acoso sexual. A estos hechos, se suma el caso contra una maestra por lesiones graves y leves.

La Dirección de la Niñez y Adolescencia (DNA) de siete municipios es la instancia que recibió las 13 denuncias relacionadas con violencia sexual. De estas, cuatro corresponden a Chulumani, dos a Guaqui, dos a La Paz, dos a El Alto, y una a los municipios de Coroico, Luribay y La Asunta. De los hechos denunciados, nueve son por abuso sexual, tres por violación y uno por acoso sexual. 

Los otros 20 casos registrados como “antiguos” incluyen seis por abuso sexual, cuatro por violación y el resto a infracción por violencia.

Estas cifras llaman la atención el director de la DDE, más cuando en 2024 realizaron una serie de talleres para prevenir nuevos casos. “El pasado año se realizó talleres y también se sugirió a los directores en erradicar en colegios el abuso deshonesto”, apuntó Pérez.  

En 2012, promulgan el Decreto Supremo 1302 y la modificatoria 1320, que establece mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo.

Pero también establece que, el director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal como medida de seguridad y protección del menor.

Hace dos años, en agosto de 2023, el exministro de Educación Edgar Pary, en una conferencia de prensa en Potosí informó que, desde 2014 el Ministerio registró más de 800 denuncias contra profesores y administrativos de unidades educativas por presuntos actos de violencia y acoso sexual. De este total, hasta agosto de 2023, 104 maestros estaban fuera del sistema educativo por comprobarse su culpabilidad.

Pérez reiteró que, si un educador comete un delito de violación, abuso sexual  o acción deshonesta contra un estudiante, no podrá seguir dando clases.

Comentó que hubieron casos en el que no se demostró el delito, por lo que el profesor exigió una compensación. “Por eso, se maneja el tema de manera correcta”, advirtió.