• Sociedad
  • LA PRENSA

Entre enero y mediados de junio de este año, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) contabilizó 410 vulneraciones de diferentes derechos en Bolivia. Este trabajo contempla el quebrantamiento de los derechos a la libertad de asociación, libertad de expresión y institucionalidad democrática, entre otros. Los datos recogidos van del 1 de enero al 17 de junio de 2024.

Es importante mencionar que el Observatorio registra y monitorea casos de vulneración en todos los niveles territoriales, nacional, departamental, municipal, regional y territorios indígenas originario campesinos.

INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

De acuerdo con el informe, la institucionalidad democrática sufrió la mayo cantidad de vulneraciones en este periodo, con 270 hechos.

Ésta es una condición indispensable para el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales, implica, al menos, la separación, independencia y equilibrio de Órganos (del Estado), el ejercicio efectivo de derechos políticos, a través de elecciones libres y justas, y el respeto y la promoción del pluralismo.

LIBERTAD DE PRENSA

La libertad de prensa, junto al derecho a la protesta, son otros derechos vulnerados con mayor número de registros en el periodo, con 49 y 39 denuncias, respectivamente.

Las actividades de prensa son elementos fundamentales para el funcionamiento de las democracias, de esta manera, las y los periodistas se erigen también como defensores de los derechos humanos a través de su actividad basada en el ejercicio de la libertad de expresión, para promover y proteger los derechos humanos.

La mayoría de las vulneraciones se originaron durante las labores de cobertura de conflictos sociales y judicialización de la labor periodística, entre otros.

LIBERTAD DE REUNIÓN

Hubo, en este tiempo, 39 casos de transgresión a la libertad de reunión y de derecho a la protesta.

La vulneración a estas categorías, con principal énfasis en el derecho a la protesta es un indicador válido sobre la situación de la democracia y política boliviana. El intento de frenar las expresiones democráticas, en particular aquellas de carácter pacífico, impone restricciones al ejercicio de los derechos civiles y políticos de amplios sectores de la población que buscan expresar su disenso sobre políticas y decisiones.

Por otra parte, se muestra el grado de polarización de distinta índole (regional, social política, etc.) que afecta a la sociedad boliviana en general, pues varios casos mostraron la participación impune de grupos e individuos particulares.

En este periodo, se registraron 33 casos de violación a los derechos de los defensores de derechos. Se relaciona con obstaculizaciones impuestas a acciones de promoción y defensa de derechos, la criminalización de personas y grupos de defensores y la no protección de defensores en riesgo.

Se contempla restricciones a la libertad de expresión, limitaciones al acceso a la información y denegación a protestas pacíficas, entre otras.

La Prensa