- Seguridad
- Micaela Villa
9/6/2025.- Actualmente, 727 adolescentes estaban privados de libertad, 690 (94,9 %) son hombres y 37 (5,1 %) son mujeres. Todos están recluidos en diferentes Centros de Reintegración Social (CRS), según el Informe Nacional de Prevención de la Tortura 2024 presentado por la Defensoría del Pueblo en mayo.
Del total, 204 cumplen mandamiento de detención preventiva y 523 tienen sentencia condenatoria.
“El 72 % está con sentencia; en tanto, el 28 % está cumple detención preventiva”, informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, al presentar los datos.
Las infracciones que cometieron los jóvenes, de 14 a 17 años, fueron en su gran mayoría de índole sexual; es decir, violación a niños, niñas y adolescentes, violación, violación con agravante y abuso sexual.
Los datos dan cuenta de que, de 334 archivos que fueron revisados por el personal de la Defensoría, 124 adolescentes cometieron violaciones contra niños o jóvenes de su edad, 76 fueron responsables de violaciones agravadas, y 35 resultaron ser culpables de abuso sexual.
Asimismo, 27 cometieron el delito de asesinato, 21, robo agravado, y 19 estuvieron inmiscuidos en la fabricación o el transporte de sustancias controladas.
También hubo adolescentes que se implicaron en hechos contra la salud pública, asociación delictuosa, feminicidio, homicidio, hurto, infanticidio, parricidio, proxenitismo, pornografía, trata de personas y violencia familiar.
El 73 por ciento de los adolescentes entrevistados por la Defensoría aseguró que realiza alguna actividad laboral para rehabilitarse.
SOBREPOBLACIÓN
En los 18 Centros de Reintegración Social se alberga a los adolescentes en conflicto con la ley penal y en forma separada.
En siete departamentos del país se cuenta con dos, uno exclusivo para mujeres y otro sólo para varones.
En Pando sólo funciona uno, que es para varones; y en Santa Cruz operan tres, dos para los hombres y uno exclusivo para las adolescentes transgresoras de la ley.
Se trata de instituciones especializadas que están destinadas al cumplimiento de medidas socioeducativas y de privación de libertad para quienes han cometido transgresiones a la ley. Su objetivo es la rehabilitación y reintegración social de los jóvenes, en lugar de aplicar un enfoque punitivo. En el país, la normativa que regula estos centros, además del tratamiento para ellos, es el Código Niño, Niña y Adolescente o Ley 548, de 17 de julio de 2014.
La Defensoría del Pueblo informó además que los centros de Oruro, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz presentan sobrepoblación, pues la población duplica su capacidad de infraestructura.
“También hay centros con sobrepoblación, como el de Santa Cruz, el de Cochabamba y el de Oruro. Existe una debilidad en la especialización de personas para el trato en estos espacios”, prosiguió Callisaya.
Sobre el grado de escolaridad de los adolescentes, 58 indicaron que cursaban estudios primarios, y 193, nivel secundario.
En tanto, 13 jóvenes asistían a institutos técnicos antes de ser internados en estas instituciones, ocho eran bachilleres y otros ocho eran estudiantes de alguna universidad.