- Sociedad
- Susana Salinas
A más de tres meses del estallido de incendios forestales en el país que arrasaron unos siete millones de hectáreas sólo en el departamento de Santa Cruz, el Gobierno declaró ayer Situación de Desastre Nacional, una medida que busca “proteger el medio ambiente, la biodiversidad, la salud y la vida de la población”, decisión que fue recibida con manifestaciones de pesimismo por indígenas y defensores del medioambiente,
Los incendios forestales afectaron millones de hectáreas en la Amazonia y la Chuiquitania. A la afectación de bosques y pastizales se suma a la pérdida directa del hábitat de comunidades indígenas, que ahora viven en un panorama desolador, ante la pérdida de sus medios de vida y del sustenso que arrancan al bosque.
En opinión de Leoncio Chávez Salvatierra, cacique de Participación Ciudadana y Autonomía Indígena de la Central Paiconeka de San Javier, la declaratoria llega “muy tarde”. “Nosotros pensamos que el actuar del Gobierno es muy a destiempo. Habríamos podido evitar pérdidas si se hubiera dictado antes, ya son más de 90 días que estamos combatiendo con esto”, dijo.
“Los indígenas lo hemos perdido todo, Concepción, el vecino de San Javier, tiene gran parte de sus bosques quemados”, agregó y mencionó que aunque cayeron lluvias en algunos sectores, en otros no hubo precipitaciones. Para colmo, fuertes vientos reactivan el fuego. Por el momento, dijo, hay seis comunidades en los que persisten las llamaradas con gran intensidad.
Sobre la declaratoria, el presidente Arce explicó que la decisión fue tomada tras los reportes de “distintas instancias” y luego de una reunión con varias autoridades en Santa Cruz, la región más afectada por los incendios. La medida permitirá recibir más apoyo internacional. Sin embargo, el Gobierno demandó a los legisladores la aprobación de dos créditos, que suman 325 millones de dólares para mitigar el fuego.
“De ser aprobados, no sería necesario más apoyo externo”, dijo el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.
En opinión de Miguel Vargas, del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), la Declaratoria de Desastre Nacional “es extemporánea”, puesto que el país ya sufrió pérdidas en áreas protegidas, comunidades indígenas y pampas.
“De acuerdo con nuestro relevamiento de información, las afectaciones superarían los 10 millones de hectáreas” en todo el país, dijo. Añadió que no se debe perder la dimensión del daño, cuando comunidades íntegras se vieron forzadas a migrar, cuando perdieron incluso lo vital para la supervivencia, el agua.
“Niños también tuvieron que dejar de asistir a las escuelas por el humo y la población sufre por la contaminación, con consecuencias futuras para la salud humana”, señaló.