Semanas atrás, escribíamos que Evo Morales llegó a “ese lugar de donde no vuelven los políticos: el ridículo”, de acuerdo a la frase que algunos atribuyen a Josep Tarradellas y otros a Juan Domingo Perón. Sin embargo, el exmandatario sorprendió de nuevo, superándose a sí mismo en las cotas del cinismo, al pedir en días recientes una indemnización de casi 2 millones de bolivianos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por los ingresos que habría dejado de percibir a raíz de la “proscripción” de su candidatura al Senado en los comicios del 2020. Es decir, que quien desconoció la voluntad popular expresada en el referéndum del 21-F, indujo la crisis electoral de octubre del 2019 y lanzó una consigna tendiente al vacío de poder, ahora quiere un resarcimiento que salga de las arcas públicas, o lo que es lo mismo: del bolsillo de todos los ciudadanos. En realidad, las que tiene el ex “Jefazo” no son cuentas por cobrar, sino por pagar, comenzando por las indemnizaciones millonarias que el Estado boliviano tendrá que dar, como indicó la CIDH, a los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales del Hotel Las Américas, así como a quienes sufrieron encarcelamientos arbitrarios y torturas después de ese operativo. Indemnizaciones que deberían dar lugar a un “juicio espejo”, donde el Estado se cobre del patrimonio personal de las principales autoridades señaladas por esos crímenes, comenzando por el citado expresidente. Mientras el país oye los dislates del caudillo cocalero, sigue desbarrancándose la “Evonomics”, para utilizar el término que acuñaron algunos medios internacionales en su momento, en un paralelismo poco afortunado con la “Reaganomics” de Ronald Reagan. Derrumbe que viene, principalmente, de la paralización casi total de la exploración de hidrocarburos durante el régimen evista de 14 años. Ahora, la economía boliviana necesita con urgencia activar un motor alternativo, y la opción más rápida sería liberar el potencial de crecimiento de las exportaciones no tradicionales, provenientes del agro. Para esto, es preciso levantar por completo las restricciones a las exportaciones y permitir la adopción inmediata de biotecnologías, que pueden multiplicar la productividad sin necesidad de extender la frontera agrícola. Esa sería la alternativa razonable, mientras al mismo tiempo se plantea una nueva ley de hidrocarburos, que pueda atraer capitales para la exploración. En cambio, el camino errado consistiría en seguir las sugerencias de quienes, como “Qananchiri” (nombre de guerra de Álvaro García Linera en la banda del EGTK), proponen el control estatal del comercio exterior, algo que acabaría de “venezolanizar” la economía boliviana. Teniendo en cuenta que fue el ideólogo de varias estrategias fracasadas (como la de ir al referéndum y luego desconocerlo, en vez de buscar otro candidato), esperemos que prevalezca el sentido común. No hagan caso a “Qananchiri”. Por: Emilio Martínez