- Economía
- Gregory Beltrán
A la decisión del presidente Luis Arce de militarizar las fronteras se sumó ayer la promulgación de un Decreto Supremo para sancionar con 14 años de cárcel a los contrabandistas, además de cavar zanjas en poblaciones fronterizas, como Guaqui, para evitar la circulación de vehículos que pretendan transportar mercadería vía contrabando a países vecinos como Perú. También se decidió desplegar más de mil militares a las zonas fronterizas para evitar que continúen sacando alimentos que son mucho más baratos en el país que en naciones vecinas.
El Gobierno identificó que el denominado contrabando a la inversa es una de las causas para que se registre una de las inflaciones más altas en 11 años, que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) al mes de septiembre el incremento de precios acumulado llegó a 5,53 por ciento.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que Bolivia es uno de los países menos inflacionarios de la región y una de las razones para que los alimentos, algunos subvencionados, estén saliendo fuera del país vía contrabando.
EQUIPO ESPECIALIZADO
El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, dijo que equipos especializados controlan más de 7 mil kilómetros fronterizos para evitar el contrabando a la inversa.
En este sentido, el comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) custodia las fronteras con Brasil, Argentina y Paraguay, pero especialmente la vía a Perú.
Se calcula que hay unos 155 pasos clandestinos que son empleados por las organizaciones delictivas que lucran con el contrabando de alimentos.
Velásquez informó que se decidió desplegar más de 1.000 efectivos militares a lo largo de las fronteras, especialmente en zonas consideradas de alto tráfico de contrabando. Esto debido a que se pudo constatar que se incrementó el denominado contrabando “hormiga” en la frontera de Desaguadero.
DECRETO
En conferencia de prensa en palacio de Gobierno, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, informó que la reunión del Gabinete aprobó ayer un Decreto Supremo para reglamentar la Ley 100 de tal forma de endurecer las sanciones contra los contrabandistas y “controlar el tránsito ilegal de alimentos a la zona de seguridad fronteriza y de esta manera contribuir a la prevención del contrabando”.
“Cometer delito de contrabando de exportación agravado cuando se transporte o intente extraer alimentos, sin cumplir los requisitos legales, será sancionado con privación de libertad de 10 a 14 años y el decomiso de las mercancías y la confiscación de los elementos del delito”, manifestó el ministro.
Por otra parte, la norma dispone que el Consejo Para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad defina una lista de alimentos que serán controlados como el caso del arroz, las principales carnes que se consume en el país, aceite, azúcar, huevo, papa y ganado en pie, entre otros productos.
El traslado de estos alimentos serán controlados mediante los Certificados de Abastecimiento en Áreas Fronterizas que se entregarán a quienes se encarguen de transportar los mismos a zonas fronterizas.
“Eso quiere decir que quienes viven en las zonas fronterizas, como Desaguadero, por ejemplo, van a ser abastecidos con suficiente alimento para que no sean afectados. Productos que se trasladen en demasía van a ser sujetos a control y decomiso”, explicó Huanca.
También se conformará un Registro de Proveedores Únicos para la distribución y comercialización de alimentos que se transporten a pobladores de las zonas fronterizas.
“Esta norma no alcanza al traslado de alimentos destinados al consumo doméstico”, dijo.
CONFLICTO
Tras dictar estas medidas se informó de un enfrentamiento entre supuestos contrabandistas y militares en la ciudad de El Alto.
Según el relato de testigos, los uniformados militares intervinieron un camión que transportaba mercadería ilegal y los propietarios se defendieron con piedras y cachorros de dinamita.