Desde el lunes hasta ayer, se desarrolló en la capital noruega el Oslo Freedom Forum (OFF), definido por The Economist como “el equivalente en los derechos humanos al Foro Económico de Davos”.

Tuvimos la oportunidad de asistir al evento, que incluyó conferencias de Jack Dorsey, fundador de Twitter; la disidente Anastasia Shevchenko, coordinadora de Open Russia; el activista palestino Ahmed Alkhatib, pro-paz y anti-Hamas; y Carlos Chamorro, referente del periodismo independiente de Nicaragua, entre muchos otros.

En el marco del OFF, compartimos con varios de los asistentes el “Informe sobre Libertad de la Cultura 2023”, donde monitoreamos la situación en cinco países latinoamericanos (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y El Salvador), respecto a la libertad de expresión de artistas y organizaciones culturales.

La investigación puso de manifiesto que los regímenes de la región utilizan, en ciertas ocasiones, prácticas “blandas” de censura y restricción, que incluyen maniobras de desinformación y presentación manipulada de las obras críticas, en espacios controlados por el Estado que garantizan el sesgo descalificador; mientras que en otros casos se reincide en las prácticas “duras” de la prisión, el exilio forzado y la prohibición.

Lo que sí es una constante es la búsqueda del silencio de artistas o artivistas, que muchas veces se ven obligados a un bajo perfil para lograr sobrevivir en entornos hostiles a la disidencia. En cuanto a sus propios silencios, los regímenes oscilan entre la estridencia de los autócratas más descarados, que atacan públicamente a los creadores inconvenientes, y la preferencia de otros por una censura sutil, que “no haga ruido” ante los medios internacionales.

Dentro de ese abanico represivo, se registraron casos de abusos contra artistas encarcelados, censura de obras cinematográficas y campañas estatales contra festivales independientes (Cuba); censura contra libros en terceros países mediante presión diplomática (El Salvador); encarcelamiento de filósofos, expropiaciones contra escritores y censura del arte mural (Nicaragua); veto mediático a caricaturistas y amenazas desde el poder político contra músicos (Venezuela); y expulsión de autores de los grupos literarios alineados con la “revolución cultural” (Bolivia).

El Informe contó con las colaboraciones destacadas de Pedro Molina (Premio Václav Havel a la disidencia creativa 2023) y de María Alejandra Aristeguieta (ex embajadora en Suiza y la ONU), en los capítulos dedicados a Nicaragua y Venezuela, respectivamente.

En suma, la defensa de la libertad de expresión de los artistas y de las organizaciones culturales debería ser un eje mucho más relevante del debate público, considerando que aportan una voz fundamental en la lucha entre la democracia y el autoritarismo.

Por: Emilio Martínez Cardona