• Economía
  • Gregory Beltrán

29/11/24.- El anuncio de modificaciones en el pago de la Renta Dignidad generó una ola de rumores y desinformación, principalmente entre los jubilados y rentistas quienes demandaron una reunión el miércoles con las autoridades del Gobierno y de la Asamblea Legislativa. En la oportunidad, se aclaró que este sector continuará recibiendo el pago del beneficio, salvo los militares que reciben el 100% de su jubilación. El Ejecutivo central también aclaró que el 80%, de los más de un millón de beneficiaros, no percibe una renta, especialmente quienes trabajan en la informalidad.

Según los registros de la Gestora Pública, hasta julio de este año las personas que reciben la Renta Dignidad son 1.203.376, mientras que en 2008 llegaban a 752.338 favorecidos.

En noviembre de 2007 se decidió implementar la Renta Dignidad mediante Ley 3791 y desde 2019 se incrementó el monto a 350 bolivianos para quienes no reciben ninguna renta y 300 para los que aportaron para jubilarse.

 Esta normativa ya establece quiénes se encuentran excluidos de recibir el beneficio. El artículo 3 refiere que la Renta Universal de Vejez “es la prestación vitalicia, de carácter no contributivo que el Estado Boliviano otorga a: todos los bolivianos residentes en el país mayores de 60 (sesenta) años, que no perciban una renta del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo o una remuneración contemplada en el Presupuesto General de la Nación”.

La propuesta que se encuentra en el Legislativo amplía esta restricción a quienes perciban un sueldo en el sector privado y también quienes se jubilan con el 100% de su sueldo.

Dirigentes de la Confederación de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones informaron que sostuvieron una reunión con el presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Andrés Flores, y representantes del Gobierno, quienes aclararon que ellos “continuaran percibiendo la Renta Dignidad, como lo venían haciendo en gestiones anteriores y no les afectará el proyecto de Ley PGE-2025”, que actualmente se encuentra en esta instancia legislativa, según establece el acta firmada.

Los montos que destina el Estado para pagar este beneficio también crecieron cada año, solo en 2023 se pagó más de 5.105 millones de bolivianos y hasta junio de 2024 se canceló 2.382 millones de bolivianos. De este monto, los beneficiarios no rentistas recibieron el pago de 1.951 millones de bolivianos, mientras que a los rentistas les desembolsaron 431 millones de bolivianos, según la Gestora.