La semana pasada tuvimos dos señales contrapuestas desde el Ejecutivo, respecto a la atracción de inversiones o de capital fresco, y a la tentación de “atrapar” o condicionar a los capitales ya instalados.

Por una parte, se planteó correctamente la idea de una nueva ley de hidrocarburos, que pueda reactivar la exploración en busca de reservas gasíferas. Pero, casi en simultáneo, se habló de tomar medidas contra los exportadores que no traen sus dólares al país. Es decir, que se maneja “el palo y la zanahoria”, de una manera más contradictoria que complementaria. No se puede impulsar al mismo tiempo una política de atracción de capitales y otra de captura coercitiva, que en realidad sería, por sus efectos, una política espanta-capitales, para usar la terminología popularizada por Andrés Oppenheimer.

Esta suerte de disonancia cognitiva abre interrogantes, sobre una eventual tensión entre normalizadores y punitivos al interior de la administración gubernamental, y particularmente en el seno del equipo económico.

Por supuesto, la crispación y conflictividad política no ayuda en la gestión de esta coyuntura compleja, y sería deseable una mayor gobernabilidad parlamentaria que construya acuerdos fundamentales, a menos que se esté en la postura del “cuanto peor mejor”, de la salida por la catástrofe, que puede ser grata a ambos extremos del espectro ideológico.

Lamentablemente, faltan actores que promuevan esa despolarización y que procuren concertar sobre asuntos básicos, como la ley contra los bloqueos carreteros que piden varias cámaras empresariales, o que planteen un equilibrio entre la aprobación de préstamos internacionales y la adopción de un plan de austeridad en el gasto público.

Para esto último hay límites obvios en un año pre-electoral, pero con un mínimo de ingenio podría pensarse en un alto a las nuevas contrataciones de personal en el Estado, eliminar los puestos vacantes que no sean esenciales o diseñar un programa de incentivos al retiro voluntario.

Por estos días, no parece ir por ahí la agenda del debate nacional, pero quién sabe. Hace solo dos meses y medio, una reunión del gobierno con los empresarios privados, que derivó en un acuerdo de liberación parcial de exportaciones, mejoró las expectativas sobre el país en algunos indicadores internacionales. Hay que retomar y redoblar ese esfuerzo, haciendo a un lado el enfoque punitivo y agilizando la devolución de los Cedeim.

Para esto hay que pasar de la disonancia a la coherencia, en un marco de estabilidad que incluya la concertación previa de las nuevas normativas, evitando susceptibilidades y ahorrándole al país marchas y contramarchas en torno a los mecanismos de la seguridad jurídica. Sería una revolución del sentido común.

Por: Emilio Martínez Cardona