Se llama millennials a los nacidos entre 1982 y 1994, y forman parte de las generaciones de nativos digitales con las que todos hemos ingresado en la era de la Inteligencia Artificial. En estos días de la segunda (¿o tercera?) ofensiva final del MAS opositor, encarnada en la marcha que partió de Caracollo, un pequeño grupo de políticos millennials comienza a vislumbrar la posibilidad de ocupar un sitio central en los acontecimientos.

El que tiene mayores oportunidades —aunque también insondables amenazas— es el presidente del Senado. Demasiado parco para algunos, o taimado para otros, juega su carta más difícil en un momento sumamente complicado. Empujado al ruedo por su actual mentor, ha aparecido en primera fila del inicio de la marcha que, de Caracollo a La Paz, debería llevarlo a conducir el país, si se cumplen los deseos y vaticinios de Morales Ayma, quien ya lo ha expuesto como reemplazante legal, siempre que logre que Arce y su vicepresidente renuncien, aplastados por la crisis y con ayuda de la marcha.

Sin embargo, mostrando su ambición y habilidad, que lo han llevado de encabezar la marcha cocalera que enfrentó al gobierno interino de 2019 hasta ocupar su actual sitial en la jerarquía del Estado, ha declarado enfáticamente que no formaría parte del plan de Morales Ayma, a quien reitera su lealtad, pero buscando tomar una distancia perceptible y un espacio propio. Esta actitud reitera la fórmula que le ha permitido lograr entendimientos con los grupos parlamentarios no masistas, construyendo un perfil discreto, pero claramente dialoguista y moderado.

Esa imagen, muy significativa para un electorado harto de los largos años de campaña electoral incesante, enfrentamientos y violencia impuestos por el régimen masista, lo habilita. No queda claro si su trayectoria, forjada como uno de los personajes más retorcidos e intrigantes de la política nacional, es parte de una precampaña o si busca que los celos e intolerancia de Evo Morales frenen su ascenso.

Su carrera seguramente explotará si la marcha de Morales culmina en una violenta ocupación de la sede de gobierno, gracias a la pusilanimidad del presidente y vicepresidente del Estado. Ambos son más temerosos que Morales y no comprenden que la única forma de enfrentarlo con credibilidad es desmantelando el mito del golpe de 2019 y reconociendo que Morales, al mando de su bancada y manipulando al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), fue quien quebró el orden constitucional en 2017, al desconocer la soberanía popular y reformar ilegalmente la Constitución.

Ese reconocimiento es la ruta necesaria para una reestructuración de fuerzas que ubique a Morales Ayma exactamente donde ha estado durante años: al margen y en contra de las leyes. En cambio, si el presidente del Senado asume la conducción del país, su gestión, tachada de golpista desde el inicio, será incluso más desastrosa que la actual, pues estaría influenciada por las imposiciones de Morales, quien carece completamente de propuestas y entendimiento para afrontar la crisis.

En ese escenario, quedará nuevamente demostrado que la edad de los personajes no resuelve problemas. Si bien puede proyectar una imagen, es insuficiente para conducir una respuesta eficaz desde el Legislativo, que ha sido maniatado por el actual gobierno, gracias a su alianza con jueces prorrogados, cuyos fallos han limitado sus facultades fiscalizadoras y legislativas.

Además, el presidente del Senado comparte las limitaciones de formación y visión de otros dirigentes jóvenes del MAS, que simplemente no aparecen ni se pronuncian sobre problemas esenciales del país, como los crónicos y descomunales incendios, que este año ya han consumido más de cinco millones de hectáreas, calcinando más de 400 millones de árboles y 10 millones de animales.

Jóvenes, pero ajenos al sentir de la sociedad, como el ministro de Gobierno, más empeñado en promocionarse como candidato de reemplazo del presidente actual, que en cumplir sus obligaciones, enfrentando y poniendo fin a la acción de comandos civiles y milicias armadas que hoy impiden a bomberos y personal de salud ingresar al área de incendios del Bajo Paraguá.

La falsa tregua ambiental declarada por el Gobierno no abroga las leyes incendiarias que Evo lanzó, justificando que son indispensables para la agricultura, omitiendo que en el Chapare no hay fuegos ni incendios. Una verdadera pausa ambiental debería obligar a que la tierra quemada no sea utilizada económicamente al menos por veinte años, imponiendo la reversión de terrenos cuando los propietarios sean probados causantes del fuego, y cesando cualquier nueva licencia o título en esas tierras.

Muy jóvenes, o nada jóvenes, con jerarquía o sin ella, todos debemos actuar para impedir que la mezquindad de la dirigencia política y económica, en su sentido más amplio, nos arrastre por su letal trayectoria.