• Economía
  • Susana Salinas

La Defensoría del Pueblo exige respuestas a las autoridades nacionales por la concesión de 19 contratos mineros en el país.
Pedro Callisaya Aro, titular de esa repartición, informó que su despacho tuvo una “participación activa”, para evitar la aprobación de un proyecto de ley en el Senado que favorecía a esta activad extractiva.
Los 19 contratos mineros fueron suscritos entre la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y cooperativas auríferas.
El proyecto fue rechazado merced a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo ante un Juzgado Agroambiental.
En la actualidad, el Defensor exige explicaciones sobre el impacto medioambiental de estas cooperativas auríferas. 
“No nos interesa proscribir ninguna actividad económica, pero nos interesa que ésta sea respetuosa de los derechos medioambientales” señaló ayer Callisaya Aro en el seminario “Escazú, un compromiso con la vida”, con el fin de socializar el acuerdo regional sobre medioambiente.