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La Central Obrera Boliviana (COB) ha reiterado su demanda al Gobierno para implementar un control estatal sobre las divisas generadas por el sector privado, a pesar de que esta propuesta ya fue rechazada por las autoridades. Además, la COB insiste en la nacionalización de todas las estaciones de servicio privadas y en la creación de un impuesto a la exportación del oro, medidas que considera esenciales para proteger la economía nacional y garantizar que los recursos beneficien al pueblo boliviano.
En un ampliado realizado en Tupiza el 22 de agosto de 2024, la COB, encabezada por su secretario ejecutivo Juan Carlos Huarachi, presentó estas resoluciones y reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia, la estabilidad política, económica y social, y los derechos de los trabajadores. La organización también propuso un control de precios de productos básicos para evitar la especulación y proteger a los consumidores.
La COB solicitó, además, la eliminación gradual de las subvenciones al diésel y la gasolina y abogó por una normativa específica para regular el sector del oro, destacando la importancia estratégica de este recurso. Asimismo, instó al Gobierno a aprobar leyes que fortalezcan la protección de la industria nacional y combatan el contrabando, con el objetivo de asegurar el empleo y fomentar el desarrollo económico en Bolivia.