- Sociedad
- Wilma Pérez
L a eliminación de la subvención al diésel y el alza general de precios desequilibraron el presupuesto de las instituciones de custodia estatal en el país. El 28 por ciento de los centros de acogida de niñez y adolescencia, además del 40 por ciento de los hogares de personas adultas mayores, recurre al pedido de donaciones para sostener la compra de alimentos.
La falta de recursos impacta en casi uno de cada tres espacios de cobijo y atención social. Una verificación técnica en 54 establecimientos de las nueve capitales departamentales y El Alto registró que dos tercios de los centros de niñez y seis de cada 10 hogares de ancianos reporta un incremento en el precio de la comida.
Además, el 56 por ciento de los centros infantiles y el 73 por ciento de los asilos de adultos mayores indica que los fondos asignados no cubren la cantidad ni la variedad nutricional para sustentar la dieta diaria.
La reserva de provisiones muestra un agotamiento progresivo. En el sector infantil, el 17 por ciento de las dependencias carece de alimentos frescos, como carne, verduras y frutas. En los hogares de ancianos, la quinta parte no cuenta con un lote de productos secos y el 27 % tampoco tiene víveres frescos.
Los proveedores aumentaron sus precios en un 40 por ciento y la tercera parte de los comercializadores rechaza la venta a precios anteriores. Así, este déficit genera ajustes en otros insumos básicos.
Los centros sufren recortes en educación, transporte, compra de pañales y medicamentos psiquiátricos. En Cobija, un albergue registra un gasto adicional de 5.000 bolivianos mensuales no presupuestados. Ante la escasez, el 28 por ciento de los espacios infantiles reemplaza insumos por opciones de menor costo nutricional y el 22 por ciento reduce variedad en la comida diaria.
Entre las entidades afectadas figuran Aldeas Infantiles de El Alto, el Hogar Penny de Oruro, el Hogar San José de Cochabamba y el Asilo San Roque de Potosí.
Frente al desastre presupuestario, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana dirigida al Gobierno, gobernaciones, municipios y servicios departamentales de Gestión Social.
El reporte demanda una asignación presupuestaria extraordinaria y la actualización de los fondos institucionales conforme al costo de vida actual para frenar el desabastecimiento en la población vulnerable.
“Esta es una alerta temprana que la debemos tomar con mucha seriedad porque hablamos de poblaciones en situación de vulnerabilidad y pedimos a todos los niveles del Estado: nacional, departamental y municipal que se puedan adoptar medidas particularmente de reforzamiento de presupuesto con la finalidad de evitar un daño que pueda ser eventualmente irreparable en contra de estas poblaciones de niños, adolescentes y adultos mayores”, dijo el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en rueda de prensa.