Colombia, Perú y Bolivia han monopolizado, en las últimas décadas, la producción de la coca. La caída del precio de la coca se debe al cambio de costumbres de adicciones del mercado más consumidor que son los Estados Unidos, en este hemisferio.
Los índices de mortalidad por consumo de drogas, según una reciente alzada de estadística, se atribuye a otras drogas u opiáceos, el porcentaje de incidencia de la cocaína en la adicción y pérdida de seres humanos refleja un bajo porcentaje.
Ahora, los productores de coca, ante su inflexible e hipócrita moral, pues son conscientes del destino de su producto, están incursionando en otros rubros como la minería del oro y del platino con elevadas y no fluctuantes cotizaciones, emprendimientos que son legítimos cuando se satisfacen los permisos y licencias para ello.
También la espléndida noticia en la evolución del precio de la coca, se complementa con las técnicas depuradas de producción de cocaína, cuyo resultado es la generación de mayor producción de droga refinada con menos cantidad de la materia base de la coca.
Nadie que ama su familia y a la población, puede asumir indiferencia ante este flagelo que procrastina el desarrollo de la inteligencia y la estabilidad de los valores en los jóvenes vulnerables; no cito a los adultos debido a su capacidad y libertad de elección que los erige en adictos.
Por lo expuesto, y fundamentalmente por el obligado cambio de rubro de los productores de coca; que es un signo de inflexión importantísimo, el Estado, con obligada sensibilidad social, aprovechando con energía esa coyuntura favorable para la extinción de la coca, manteniendo estrictamente un volumen moderado para consumo tradicional, debe promocionar con incentivos económicos palpables, en semillas y asesoramiento agrónomo gratuito, en la producción y comercialización, la conversión de las extensas plantaciones de coca en cafetales y la recuperación de los árboles frutales.
Sería una noble acción que será apoyada unánimemente por toda la población y el gobierno que lo emprenda como medida disruptiva, merecerá el beneplácito general, y será la acción inequívoca, inédita y valiente de un gobierno que prioriza su mayor devoción y apostolado para servir a la población.