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  • Susana Salinas

A través de sus redes sociales, la abogada Nadia Beller difundió ayer un manifiesto público en el que detalla la existencia de una presunta red política y empresarial internacional ligada al movimiento estadounidense “MAGA” (Make America Great Again). En dicho documento, expone las pruebas que entregó al Ministerio Público sobre supuestos ilícitos cometidos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y operaciones de narcotráfico. Reveló estos elementos en una coyuntura, que coincide con la reciente cancelación de la visa estadounidense del fiscal general del Estado, Róger Mariaca.


El escrito arranca con la mención de una fotografía que expone juntos a Donald Trump Jr., hijo del mandatario estadounidense, Brad Parscale, Andy Rivas y el asesor argentino detenido en el país, Fernando Cerimedo. 


De acuerdo con Beller, las evidencias entregadas a la Fiscalía constan de grabaciones, chats y capturas que involucran de forma directa a estos actores con la toma de decisiones internas en la estatal petrolera boliviana, tales como la colocación y retiro de funcionarios, además de información relacionada con oro y combustible.


En específico, las pruebas vinculan a Cerimedo y a Parscale —exjefe de campaña de Trump— con desvíos de dinero mediante el cobro de comisiones en la firma proveedora de combustible Futura. “¿Qué criterio utiliza el Gobierno de Donald Trump para decidir quién entra en esta lista?”, cuestionó la activista, al contrastar la sanción contra Mariaca con la falta de medidas punitivas hacia los civiles y políticos investigados por esas causas en el país. 


Beller acotó que los hechos asociados a este entorno político son objeto de investigación penal en el país por delitos como tentativa de feminicidio, legitimación de ganancias ilícitas y encubrimiento.
La publicación también hace referencia a las recientes denuncias del vicepresidente Edmand Lara, quien expuso un audio atribuido a Cerimedo en el que pactaba protección para vuelos irregulares en el departamento del Beni por un monto de 15 mil dólares mensuales por aeronave. Este esquema contó presuntamente con la complicidad del personal de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos y del ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Franz William Cabrera.


Ante este escenario de tensión, Beller alertó de que apartar a la principal autoridad del Ministerio Público sin un debido proceso “podría convertirse en un golpe institucional contra la Fiscalía para impedir que una investigación avance”. La postura es compartida con el vicepresidente Edmand Lara, quien rechazó la remoción bajo la premisa de que “una lista no es una sentencia”. A su turno, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sugirió un proceso hacia una futura extradición de Mariaca.