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  • Armin Copa

La Policía Anticorrupción y el Ministerio Público ejecutaron este viernes operativos de intervención en las sucursales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tanto en La Paz como en Santa Cruz. Esta medida busca recolectar documentación y evidencias vinculadas a la firma de contratos con la compañía Transfigura. La justicia estatal inició estas acciones bajo la sospecha de delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y convenios perjudiciales para los intereses de la nación.

El origen de la investigación radica en cuestionamientos presentados por legisladores y el vicepresidente del Estado, quienes detectaron montos elevados en la compra de crudo frente a registros de años anteriores. El fiscal asignado al control de la corrupción, Aldo Mesa, confirmó que el proceso actual apunta a determinar responsabilidades entre posibles autores materiales e intelectuales. De momento, las instituciones policiales de criminalística trabajan en el procesamiento de los indicios obtenidos durante los ingresos a las oficinas estatales.

La estatal petrolera enfrenta este proceso judicial mientras la Fiscalía busca establecer si existió un daño económico real mediante el pago de costos excesivos por cada barril de recurso energético. Las autoridades judiciales prevén identificar a los implicados directos, cómplices y encubridores una vez concluya el análisis técnico de las pruebas recolectadas. Este despliegue ocurre en un contexto de vigilancia estricta sobre los mecanismos de importación de hidrocarburos destinados al mercado interno boliviano.