15/1/2025.- Las declaraciones del viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, deben llamar a todos a una profunda reflexión. 

Es la segunda oportunidad —la primera fue en octubre pasado— en la que una autoridad del Estado se refiere al mismo hecho.

Desconocidos están en poder de armamento de guerra y lo han utilizado en contra de los efectivos de las fuerzas del orden en diferentes puntos del territorio nacional.
Sucedió durante los bloqueos del trópico de Cochabamba y el lunes se repitió en el hecho en la región limítrofe entre Oruro y Potosí, no demasiado lejos del Chapare.

¿Estamos acaso en presencia de un peligroso grupo irregular? En tal caso, cabe preguntarse cuáles son los objetivos políticos que persigue esa milicia, porque de eso puede tratarse si se confirma su existencia. ¿Tal vez imponer un nuevo sistema de organización social en Bolivia, como en su momento, declaró que pretendía hacerlo el legendario Ernesto Che Guevara al mando del Ejército de Liberación Nacional?

¿Se trata, tal vez, de un grupo que busca escindir o dividir el territorio nacional como en su momento se acusó al grupo de Eduardo Rózsa Flores y los neonazis que los rodearon, en abril de 2009?

O, ¿estamos en presencia de gente vinculada al narcotráfico y que pretende imponer un régimen de violencia, como el que asoló a Colombia en la década de 1990, cuando ni los árbitros de fútbol se salvaban, o como lo que ocurre actualmente en México, donde encontrar cadáveres con señales de tortura se ha hecho común?

¿Se trata, acaso, de grupos delictivos como los que hacen tabla rasa en Haití o que han emergido con notable fuerza en Ecuador en el curso de los meses precedentes y que han derivado en condenables excesos de los representantes del orden con el asesinato de cuatro niños?

Es imprescindible que las autoridades responsables de la seguridad interna del Estado investiguen a quienes emplean armamento, cuyo uso está restringido a los militares, cuya misión es resguardar la integridad y soberanía nacional, los encuentren, los atrapen y los sometan a los procesos penales que correspondan.

Es menester establecer un precedente en este sentido. La paz y la tranquilidad de todos los bolivianos está en juego.