Analistas ven intento de desviar la atención tras cuestionamientos a la Fiscalía por el caso Sokol

Especialistas en seguridad y derecho penal afirmaron que el Ministerio Público actúa en el marco de la legalidad al investigar las grabaciones vinculadas al comandante general de la Policía, Mirko Sokol. De acuerdo con las opiniones técnicas, los duros ataques y las acusaciones emitidas desde el Órgano Ejecutivo y la defensa del jefe policial pretenden deslegitimar las indagaciones y distraer a la opinión pública del problema de fondo, el cual abarca la politización institucional y el uso indebido del aparato policial.

Las declaraciones del abogado defensor señalaron al fiscal general Roger Mariaca por liderar una supuesta arremetida política en coordinación con la Vicepresidencia. Ante esta postura, expertos en el área penal recalcaron que la Fiscalía tiene la obligación constitucional de aperturar procesos ante indicios delictivos, independientemente del origen de la denuncia. Asimismo, advirtieron que desviar la discusión hacia supuestas persecuciones entorpece la fiscalización sobre hechos graves expresados en el propio material auditivo.

Los analistas remarcaron la urgencia de respaldar la independencia investigativa para evitar que las redes delictivas aprovechen las pugnas de poder. Como medidas prioritarias, sugirieron permitir el trabajo de la justicia sin presiones políticas, evaluar el desempeño de la cúpula policial según resultados institucionales y coordinar acciones efectivas contra el crimen organizado, en lugar de enfrascarse en disputas mediáticas.