• Seguridad
  • Carmen Challapa

31/3/2025.- Extorsión, volteos de droga, cobros irregulares y legitimación de ganancias ilícitas son algunos de los delitos en los que se ven involucrados algunos efectivos policiales de manera casi recurrente, pese a las medidas de prevención implementadas desde el Ministerio de Gobierno para frenar estas irregularidades.

Pero, ¿qué medidas se debe asumir para poner freno a esta situación? El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, explicó que una de las medidas efectivas que se debe tomar es realizar una auditoría a todos los procesos disciplinarios y evitar la intervención del Órgano Judicial que, en muchas ocasiones, ordena la reincorporación de policías que incurrieron en diferentes delitos o trangresiones reglamentarias.

Un jefe policial en servicio activo explicó que los malos policías han naturalizado el dicho de “pagando se soluciona todo”. A esto se suma el descontrol sobre los procesos disciplinarios que se investigan. “Por ejemplo, en Cochabamba hay un mayor a quien se dio de baja definitiva dos veces, pero retornó como si nada, y como él hay muchos casos similares”, explicó.

Aguilera señaló que la corrupción dentro de la institución verde olivo no es un problema aislado, lo que debilita la confianza ciudadana. Por lo tanto, consideró que debe implementarse un control efectivo y aplicarse sanciones ejemplares que deben ser supervisadas adecuadamente.

“Hay jueces prevaricadores que obligan a la Policía a reincorporar a sus filas a quienes cometieron delitos, incluso nos obligan a pagar el sueldo de todo el tiempo que duró el proceso. Esto se da porque se acostumbraron a que la justicia ordinaria asuma acciones que sobrepasan las sanciones establecidas en la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía”, refirió Aguilera.

En diferentes casos se ha observado que efectivos policiales dados de baja en la vía disciplinaria recurren a la vía ordinaria mediante amparos constitucionales, con el objetivo de que las faltas administrativas sean tratadas como hechos que vulneran sus derechos, lo que implica un menosprecio a la Ley 101 que establece sanciones internas.

“Debe eliminarse a la justicia ordinaria de los asuntos institucionales, no puede haber beneficios judiciales para policías que quebrantaron la normativa vigente en el país”, finalizó Aguilera.