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  • Susana Salinas

Luego de conocer la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (“Goni”) y tres de sus excolaboradores por el caso “Petrocontratos”, el Gobierno iniciará las gestiones para la extradicicón de los implicados. Sin embargo, “ será muy complicado”.

El exmandatario fue procesado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica al aprobar 107 contratos desventajosos para el país, sin el aval del Legislativo. Por ello, la Justicia determinó que debe ser recluido seis años y tres meses en el recinto penitenciario de Chonchocoro, mientras que sus excolaboradores: Jorge Berindoague, Carlos Alberto Contreras y Carlos Alberto López, también deben cumplir una pena de cinco años en el mismo recinto penitenciario. Además, se los inhabilita para ejercer la función pública por cinco años. 

La proposición acusatoria del caso fue presentada el 18 de abril de 2005 por el expresidente Evo Morales.
La autorización congresal fue realizada el 10 de septiembre de 2011 y el proceso radicó en el TSJ el 23 de junio de 2015. El auto apertura de juicio data del 22 de  agosto de 2017 y, finalmente, el juicio se inició este año, el pasado 12 de agosto.

El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción; la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos son las entidades querellantes del proceso, bajo la dirección funcional del Ministerio Público. 

“Esta sentencia marca un hito histórico, sin precedentes”, resaltó ayer el ministro de Justicia, César Siles, luego de mencionar que “esta sentencia la esperaba el pueblo boliviano, las víctimas de la guerra 
del gas y el pueblo alteño”.

Siles dijo que se gestionará la acción reparatoria del daño civil; por la comercialización, exploración y explotación de los hidrocarburos. Se comenzará con los trámites de extradición de las exautoridades.

“El daño económico que se cometió es grave, es a la soberanía, a los intereses y al patrimonio del Estado”, sostuvo Siles al recordar que el Estado llegó a percibir regalías del 18% y las empresas petroleras transnacionales 82%, tras la firma de los contratos, puesto que se llegó a “transferir toda la cadena hidrocarburifera” a terceros hasta la nacionalización, con la Ley 1681.

Para el proceso de la reparación civil, el Gobierno presentará una cuantificación del daño, con el respaldo de documentos; que luego el TSJ debe hacer cumplir.

En el caso de la extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe elaborar un exhorto suplicatorio ante el gobierno de EEUU. 

Siles recordó que hay mecanismos de cooperación jurídica para pedir el congelamiento de cuentas y embargo de bienes en el exterior.

Para el abogado de la defensa de las víctimas de octubre negro (2023), Thomas Becker, “este fallo es importante para la justicia boliviana, pues manda un mensaje claro a los líderes bolivianos: si utilizan su poder de forma ilegal, van a ser procesados”.