El 18 de diciembre de 2005, la historia del país dio un giro de 180 grados. Se produjo entonces una profunda revolución pacífica, pero de consecuencias muy importantes. 

Desde la fundación de la República de Bolivia y, en realidad, desde la llegada de los conquistadores españoles a esta tierra, los pueblos originarios habían sido tradicionalmente relegados y reducidos a la condición de simples esclavos de las clases sociales dominantes. 

Si la Revolución Nacional de 1952 tuvo alguna virtud fue la de impulsar los procesos de movilidad en una formación social anquilosada y que dividía, incluso desde la extensión de los certificados de nacimiento, a los bolivianos en personas de primera, segunda y última categoría, al incluir la característica de “raza” en el documento. 

Sin embargo, a ese proceso le faltaba algo que la mayoría de los bolivianos estaba dispuesta a exigir y esa ambición social hizo crisis a partir de abril de 2000 cuando, con una miopía absoluta, no sólo el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada sino los líderes de los partidos políticos dominantes en los primeros 20 años de democracia en Bolivia, creyeron que podrían mantener el mismo orden de cosas. 

En pleno siglo XXI, ya no resulta posible considerar a las personas por su aspecto físico y calificarlas de “indios”, “cholos” o, en el más benevolente de los casos “campesinos”. Ése fue el reclamo, que subyacía en las protestas por la Guerra del Agua, en Cochabamba, que cuestionó fuertemente al modelo neoliberal vigente desde 1985 en el país. Las movilizaciones de los trabajadores del agro bajo el liderazgo de Felipe Quispe Huanca sacudieron profundamente la base sociopolítica nacional por lo que, en algún momento, Sánchez de Lozada declaró públicamente que en Bolivia hacía falta generar un nuevo pacto social. 

El resultado de los comicios de 2005 lo hizo. Nunca más debe haber excluidos en Bolivia por su apariencia física, su apellido o su forma de vestir. Más allá del triunfo electoral del MAS, que en última instancia puede calificarse de coyuntural, lo que los pueblos y naciones originarias de Bolivia conquistaron hace 19 años fue el derecho a reclamarse como seres humanos con derechos, no sólo con obligaciones.