Cuando en 2006 el MAS accedió al poder prometió, entre varias otras cosas, que libraría combate a muerte contra el flagelo de la corrupción. Años después, en 2009, a publicación mediante la que se presentó la “Política Nacional de transparencia y lucha contra la corrupción”, decía que “Uno de los principios fundamentales del gobierno liderizado por el Presidente Evo Morales es la ‘Gestión Pública con Transparencia’; para lo cual el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción ha iniciado una lucha frontal contra la corrupción, con la finalidad de erradicarla”. Afirmaba el documento que, “los lineamientos de política del Plan Nacional de Desarrollo para erradicar la corrupción institucionalizada tienen como objetivo “Cero tolerancia a la corrupción”, lo que implicaba luchar contra la impunidad y promover la plena transparencia en la gestión pública y la vigencia efectiva de mecanismos de control social en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Por esa cartera de Estado, que fue degradada a viceministerio con el gobierno de Luis Arce, desfilaron personajes de todo tipo, pero los resultados de su gestión fueron más bien modestos, si no nulos.
La reforma de la legislación penal para el fin preconizado por el MAS fue fundamental y, ya de inicio, se vio poner en práctica la ley 4 (bautizada abusivamente con el nombre de un demócrata asesinado el 17 de julio de 1980, cuyos restos no se han entregado hasta ahora a su familia) y luego varias otras, todas tituladas solemnemente como “Ley para endurecer la lucha contra la corrupción” o algo semejante. Lo cierto es que, después de casi 20 años la corrupción no ha desaparecido y, al contrario, se ha visto incrementada con la sonrisa de satisfacción indisimulada de los corruptos que, campantes, se burlan de quienes los denuncian, si es que no los mandan a matar como sucedió con Marco Antonio Aramayo. La nueva legislación anti corrupción sirvió para perseguir opositores o disidentes, no para combatir la corrupción.
La inclusión de la “lucha contra la corrupción” en la Constitución Política del Estado de 2009 fue un saludo a la bandera, como tantas otras normas, que sirvieron sólo para el discurso y la foto de quienes, al fin de cuentas, se la pasan socapando y protegiendo corruptos, cuando no alentándolos.
Algo similar, como no podía ser de otra manera, sucede con el tema de la transparencia, expresión puesta de moda en la década de los ’80 del siglo pasado por Mijaíl Gorbachov, Jefe de Estado de la ex Unión Soviética entre 1988 y 1991. La perestroika (reforma política), la uskoréniye (aceleración) y la glásnost (trasparencia) fueron las medidas que se propuso llevar a cabo, fracasando lamentablemente en todas.
Pues bien, en Bolivia hay un decreto de acceso a la información pública puesto en vigencia durante la presidencia de Carlos Mesa, en cuya elaboración jugó papel fundamental la entonces Delegada Presidencial Anticorrupción Lupe Cajías, titulado “De transparencia y libre acceso a la información gubernamental”, que tiene por objeto “garantizar el acceso a la información, como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo y que se deberá aplicar (…) en el ámbito del Poder Ejecutivo tanto a nivel central como descentralizado, autárquico y desconcentrado; empresas y sociedades del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria”. La norma dispone que, cuando el Estado no tenga la participación social mayoritaria, el decreto se aplicará a los servidores públicos o particulares que lo representen, en el marco de sus funciones y competencias.
Naturalmente, esta norma ni siquiera es mencionada y peor puesta en práctica por los masistas. Hasta hoy, se han elaborado más de 10 proyectos de una ley relativa al tema, pero ninguno ha avanzado en su consideración y promulgación. Huelgan las razones para ello.
Un ejemplo de lo que sucede en la poca o nula transparencia en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) que, con bombos y platillos reemplazó a “Fundempresa” (acusada como tantas otras instituciones de “neoliberal” por el masismo), que cambió las políticas de acceso libre a las estadísticas del registro de comercio, haciéndolas ahora pagadas en lugar de accesibles de forma libre por Internet. Con ello se encareció dicho acceso, que debería ser libre, creando una barrera y limitando la capacidad de los ciudadanos, investigadores, periodistas y otras partes interesadas para acceder a datos relevantes sobre empresas y actividades comerciales. Se ha introducido intermediarios y burocracia innecesarios en el proceso de obtención de información lo que puede desincentivar su uso. Este trámite, que antes era gratuito y lo daba Fundempresa 24/7, ahora cuesta Bs. 400.
Parece que, como en otros casos, con Seprec seguiremos gritando “Vivan el acceso a la información y la lucha contra la corrupción”, a sabiendas de que, en realidad, ni lo uno ni lo otro se cumple en esta institución estatal ni en ninguna otra de Bolivia.
Por: Carlos Derpic
