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Asambleístas nacionales, en medio de la crisis económica que afecta al país, entre acusaciones de corrupción, supuestos acuerdos entre derecha e izquierda, y con el menor esfuerzo para dar una solución al proceso de preselección de los candidatos para los altos cargos de la justicia, se embolsillaron más de 25 millones de bolivianos entre enero y mayo de este año, solo por concepto de sueldos percibidos.

Informes oficiales establecen que los legisladores titulares cobran sin el incremento más de 22 mil bolivianos y los suplentes más de 7.000 bolivianos por mes.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está formada por senadores y diputados elegidos por departamento, circunscripción y pueblos indígenas. El Senado está integrado por 36 representantes, cuatro por departamento.

La Cámara Baja tiene 130 legisladores titulares, cada uno con sus respectivos suplentes.

Hasta el incremento salarial aprobado el pasado 1 de mayo, los titulares recibían una remuneración económica de 22.633 bolivianos y los suplentes 7.770. Con el aumento del 3 por ciento a los ingresos de los trabajadores, los asambleístas nacionales cobrarían 23.311 y los suplentes, 8.003 bolivianos.

Al considerar los 36 senadores y 130 diputados titulares, que da 166 legisladores, el Estado eroga 3.869.626 bolivianos mensualmente, si se considera el aumento.

Ahora, en relación a los suplentes, si se asume ese mismo número (166) se les destina 1.328.498 bolivianos, cada 30 días.

Mensualmente, ambos montos representan un gasto de 5.198.124 bolivianos al mes para las arcas fiscales.

Si se aprueba el incremento retroactivo a enero, en los primeros cinco meses de este año, el Estado habría destinado 25.990.620 bolivianos, solo en sueldos de legisladores, cuyo trabajo está paralizado, como resultado de la falta de acuerdos sobre las elecciones judiciales.

Actualmente, el incremento del 3 por ciento está en proceso de aprobación en las dos cámaras legislativas, pese a que el Decreto Supremo 5155 establece la aplicación de manera general.

En una evaluación de la labor desarrollada por los legisladores, se observa el bajo nivel de gestión, traducida en una casi nula fiscalización y en baja aprobación de proyectos de ley.

SESIONES

Durante el periodo de cinco meses, diputados y senadores sostuvieron contadas sesiones plenarias, una menos que la otra, es decir, la Cámara Baja durante este tiempo cumplió seis o siete reuniones del pleno.

En tanto, la Cámara Alta tuvo un mayor número de sesiones, 22 según la información de la propia Asamblea.

CONSECUENCIAS

La Cámara de Diputados es la instancia legislativa que presentó mayores dificultades en cumplir sus labores, debido a la fractura interna que sufrieron los partidos y alianzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa.

Se observa cómo las pugnas internas llegaron a obstaculizar la tarea de los diputados, lo que derivó en confrontaciones verbales hasta agresiones físicas y demandas penales ante la Fiscalía.

Diferentes aspectos frenaron la instalación de sesiones plenarias, tales como la exigencia de restitución de la facultad de fiscalización paralizada por una acción constitucional que ordenó “suspender provisionalmente las interpelaciones”.

Otro aspecto que frena las plenarias es la exigencia de aprobar dos proyectos de ley, 073 y 075, suspensión de plazos procesales y cese de funciones de autoridades judiciales, que impidieron instalar sesiones y terminar abruptamente una.

OTROS BENEFICIOS

Además de los sueldos que perciben los asambleístas, estos funcionarios públicos gozan de otros beneficios que son costosos para el Estado.P

or citar algunos, reciben de viáticos cuando viajan al interior del país o al exterior, reciben crédito para su comunicación por telefonía celular y su alimentación está asegurada cuando las sesiones se extienden por varias horas. Los legisladores reciben por concepto de viáticos entre 371 y 553 bolivianos diarios, si se trataba de viajes al interior del país; y entre 1.400 y 2.500 bolivianos, por salir al exterior.

TRABAJO DEFICIENTE

El abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero indicó que los ingresos de los asambleístas no tienen relación con su desempeño y que el trabajo que realizan no beneficia a los bolivianos. “No ha habido generación legislativa, actividades de fiscalización, no pueden generar consensos”, analizó el experto.

Agregó que el indicador del funcionamiento deficiente del Legislativo se refleja en la preselección de aspirantes a los altos cargos judiciales, que “no prospera por angurrias personales o de grupo. nadie piensa en la justicia que tiene la población boliviana”, concluyó.

Por: Wilson Aguilar